En un debate de control político convocado por la Comisión VI del Senado, la senadora de la Alianza Verde, Claudia López Hernández, presentó cinco propuestas para proteger a los estudiantes de universidades con irregularidades financieras y administrativas y, de esta forma, evitar que estafas como la de la Fundación Universitaria San Martín (FUSM) se vuelvan a repetir.
«Hay 500 mil colombianos en riesgo porque están en universidades de mala o pésima calidad que en muchos casos están en manos de negociantes o estafadores» señaló la congresista en la Comisión.
El debate contó con la presencia de la Ministra de Educación, Gina Parody, y el viceministro de Trabajo, Enrique Borda.
En su intervención la senadora propuso una mesa interinstitucional que aborde en toda su complejidad la situación de la San Martín y formule un plan de recuperación. López explicó que si bien la fiducia protege los recursos que ingresen en adelante a la FUSM, no está claro qué pasa con los dineros presuntamente desviados a negocios de la familia Alvear.
«Hay muchos intereses en legítima competencia»: trabajadores, estudiantes, profesores y pensionados, entre otros. Pero, sí no se diseña un manejo adecuado de la Fiducia, se corre el riesgo de que los nuevos recursos «se evaporen solo respondiendo por las acreencias laborales» que ahogan a la FUSM.
Precisamente por eso la senadora formuló un nuevo llamado la Fiscalía y al Ministerio de Trabajo para que avancen en la identificación de los dineros desviados y de las acciones penales contra Mariano Alvear y sus testaferros.
Como tercera medida, la senadora de la Alianza Verde propuso a la Ministra evaluar las formulas para reemplazar a la actual «plenúm» que administra la FUSM ya que «no son socios confiables» para enderezar el rumbo de esa institución.
Sin embargo, los problemas de la eduacación superior, pública y privada, van más allá de este caso, o los de universidades como la INNCA, UNAD, Distrital, Tecnológica de Pereira o la Universidad del Quindio: en todas ellas hay evidencia de malversación de fondos, nepotismo y clientelismo.
Para abordar esta situación en general propuso a la Comisión VI promover una audiencia pública sobre la creación de la Agencia Nacional de Calidad y Superintendencia de Inspección y Vigilancia Educativa. «Esas son las garantías de que esta situación no se repita» acotó la congresista.
De hecho, en opinión de López Hernández,es necesario un proceso amplio de consulta para reformar la Ley 30 a través de un proyecto que se radique en la próxima legislatura que comienza el 16 de marzo. Sin una reforma a fondo y consensuada «no será posible enderezar este panorama de la educación superior» concluyó.
Intervención de la Senadora en el debate de control político de la Comisión VI
