Con un apoyo multipartidista, la Alianza Verde radicó este miércoles el proyecto Antimermelada, que promueve la transparencia y la participación ciudadana en el proceso de discusión y aprobación del presupuesto de inversión regionalizada (PIR) del Gobierno nacional.
La propuesta está encaminada a hacer más transparente el proceso de inversión de esos recursos, 46.7 billones, que hoy se asignan y distribuyen a puerta cerrada entre el ejecutivo y el Congreso, a veces a cambio de apoyo parlamentario al gobierno. Esos recursos y esta práctica es lo que el público llama “mermelada” .
“Vamos a erradicar prácticas corruptas que nos cuestan por lo menos un punto del PIB, ¡1% de toda la riqueza del país! que deberían estar en acueductos, carreteras y escuelas y no en bolsillos de políticos y contratistas”, señaló Claudia López, una de las autoras del proyecto.
Olga Lucia Velasquez (Liberal) y Angélica Lozano (Verde) son coautoras del proyecto y promueven en la Cámara de Representantes su aprobación. Por esta razón Velasquez afirmó «Aquí hay algo claro y es que los recursos públicos son de todos los colombianos, con esta iniciativa buscamos blindarlos de los malos manejos y de la politiquería».
Por su parte Lozano declaró: » Con esto buscamos acabar esa mala costumbre de que el presupuesto se defina entre el ministro de Hacienda de turno y esos congresistas que votan sí a todo con tal de obtener favores para sus amigos contratistas. Esto lo hacemos para que se invierta la plata en lo que de verdad necesita la gente».
A la radicación asistieron los congresistas Víctor Correa (Polo), Angela María Robledo, Oscar Ospina y Jorge Prieto (Alianza Verde); el senador Armando Benedetti (La U) y el ex presidente del Congreso Luis Fernando Velasco (Liberal) el cual mencionó: “Afortunadamente con este proyecto lograremos que el presupuesto se discuta con la ciudadanía y frenar los negociados por debajo de cuerda. También erradicaremos esa injusticia de que un congresista por estar en oposición no tenga injerencia en el presupuesto ”
Los autores del proyecto proponen reformar la Ley Orgánica de Presupuesto.
En la iniciativa se plantea, por un lado, la obligación del gobierno de publicar informes detallados del presupuesto regionalizado, presentado y aprobado; y por otro, la realización de audiencias públicas de priorización, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión departamental.
Los informes serán dos. El de la planeación regional, departamental y sectorial al inicio de la discusión del proyecto del presupuesto, (20 de agosto de cada año) y otro detallado del presupuesto de inversión nacional a nivel departamental de acuerdo con lo estipulado en el decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación. En este se consignará el monto total de inversión por sector aprobado y los proyectos que se ejecutarán en cada región, departamento y municipio; la entidad competente de su ejecución y la autoridad regional, local, congresista, ciudadano u organización social que los propuso. Este informe deberá presentarse antes del 15 de abril de cada año.
Las audiencias serán tres. La primera al principio del cuatrienio; la segunda de seguimiento, en la mitad de cada gobierno y una más al inicio del último año del cuatrenio. Allí los ciudadanos, organizaciones sociales, las autoridades locales, los Consejos Territoriales de Planeación y los congresistas priorizan los proyectos de inversión y hará seguimiento y evaluación de la ejecución.
Con este proyecto el margen de discrecionalidad para gastar el presupuesto nacional en “mermelada” y politiquería se reduce y los proponentes y responsables de los proyectos de inversión en las regiones serán públicos
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