Eje 1
PONER LA CASA EN ORDEN
Acuerdo por la seguridad y la gobernabilidad territorial

Para poner la casa en orden partimos de un principio claro: sin seguridad y justicia eficaces y legítimas no hay ejercicio pleno de los derechos, ni vida digna, ni democracia posible.

La expansión del crimen organizado, la pérdida de control del Estado sobre amplios territorios y la violencia contra la gente han deteriorado gravemente la confianza ciudadana en la capacidad institucional y democrática para proteger a la gente. A esto se suma una corrupción desbordada y una crisis fiscal que amenaza la estabilidad del país y limita la acción del Estado.

Poner la casa en orden exige actuar de manera integral: garantizar la seguridad y la autoridad legítima del Estado, recuperar el control de las finanzas públicas y acabar sin contemplaciones con la corrupción.

Colombia lleva medio siglo atrapada entre la paz y la guerra. Hace ocho años cerramos el conflicto con las FARC, pero los políticos se quedaron peleando sobre sí paz o no paz, incumplieron lo acordado y no hicieron nada para reemplazar con Estado a los ilegales que se desmovilizaron. La política de seguridad no se actualizó, no entendió la nueva realidad del crimen organizado transnacional, ni la reconfiguración de los grupos armados y las bandas delincuenciales. Las disidencias, los carteles extranjeros y los locales llegaron y coparon los territorios otra vez primero que el Estado, mientras que las peleas políticas y el centralismo corrupto dejaba por enésima vez desprotegida a las regiones y la gente.

El Estado defraudó a las comunidades, no protegió a las personas y no tuvo en cuenta que la seguridad no es de derecha o izquierda, es de decencia, de dignidad, de una mano fuerte que dirija las acciones gubernamentales y de la fuerza pública y la justicia contra los criminales y no contra las comunidades.

Cuidar el proceso de paz pasa por cumplir con los acuerdos, honrar a las víctimas, darle la grandeza a la fuerza pública y entender que el conflicto político armado se acabó con la desmovilización de las FARC. Desde el 2016, hace 10 años, independientemente de su nombre, solo quedan organizaciones criminales transnacionales que se disputan rentas ilícitas y control territorial para maximizarlas. Insistir en tratamiento político y mesas de paz a esas organizaciones solo produce su crecimiento y fortalecimiento a expensas de la vida de la gente en las regiones, como ha quedado evidenciado con el desastre de la paz total.

Venimos de dos fracasos: el gobierno de Duque incumplió el Acuerdo de Paz y el de Petro improvisó una “Paz Total” sin resultados, ambas políticas erráticas permitieron la expansión criminal, del narcotráfico y de las rentas ilícitas. Hoy enfrentamos 13 grupos armados sofisticados, violentos y arraigados de crimen organizado, que han duplicado su tamaño y reclutamiento en la última década y acumulan el manejo de rentas criminales que pueden acercarse al 5% del PIB.

En consecuencia, Colombia enfrenta una crisis de seguridad y gobernabilidad territorial causada por un Estado y un Gobierno nacional centralista, corrupto y sectario que se engarzó desde 2016 en peleas políticas, que no fue capaz de construir Estado, seguridad, justicia y desarrollo que reemplazara a las Farc y paramilitares en los lugares que controlaban. Por el contrario, dejó que sus disidencias y el Clan del Golfo, se amalgamaran con otras agrupaciones de crimen organizado y se tomaran esos territorios. El resultado fue un aumento sostenido de la violencia y la expansión de economías y rentas criminales en todo el país, mientras la gente quedó otra vez expuesta al control de los criminales, a la extorsión y al miedo, y a la ausencia de empleo legal, servicios públicos, educación, salud e infraestructura para salir adelante.

Nuestro propósito es construir un Estado y un gobierno soberano, capaz, y legítimo en cada región y en todo el país, y con liderazgo global. Vamos a poner la casa en orden y lograr un Estado capaz, decente, legítimo y soberano.

Además, el país enfrenta un deterioro serio de sus finanzas públicas y de la confianza en el Estado. El gasto público creció sin control, la deuda pública alcanzó niveles e intereses históricamente altos. Esto reduce la capacidad de invertir en seguridad, salud, educación y desarrollo regional. A esto se suma un Estado ineficiente y capturado por la corrupción, la politiquería y la mala contratación, donde los recursos no llegan a la gente ni a los territorios, se pierden en intermediaciones opacas de congresistas, funcionarios y contratistas que alimentan redes criminales y clientelistas. La falta de control fiscal, la sobreestimación de ingresos, la proliferación de fondos sin supervisión ha debilitado la autoridad del Estado y el cuidado del bolsillo de la ciudadanía.

Por eso es necesario volver a gobernar con seriedad: pagar a tiempo, recaudar lo justo, no endeudar al país irresponsablemente e invertir mejor, con transparencia y resultados. Hay que cerrar la puerta a la corrupción, a la robadera y al desgobierno, y hacer que cada peso público se traduzca en seguridad, oportunidades y bienestar. Un Estado ordenado, honesto y financieramente responsable es la base para proteger la vida, recuperar la confianza, garantizar la inversión y cumplirle a la gente en sus barrios, veredas y regiones. Sin finanzas sanas y sin un gobierno sin corrupción, no hay seguridad, ni justicia social, ni futuro posible.

Propuestas
Un Estado nacional soberano y legítimo.

El Estado debe restablecer el control territorial con legitimidad, sometiendo al crimen organizado, reduciendo la impunidad y mejorando la seguridad ciudadana. Tendremos una justicia implacable y especializada, con una Fiscalía Antimafia dedicada a desmantelar las estructuras del crimen organizado. Recuperaremos el poder operativo de la Fuerza Pública, fortaleciendo su profesionalización, garantizando bienestar a sus integrantes y asegurando seguridad y justicia legítimas para toda la población.

• Reformar la justicia en tres niveles: no podemos seguir dándole las mismas garantías y procedimientos judiciales garantistas al narcotráfico y al crimen organizado, que a la delincuencia común. Las mafias de la corrupción y el narcotráfico y sus defensores siempre aprovechan las garantías judiciales en beneficio de los narcos y criminales y no en protección de la sociedad. Para acabar con esa impunidad reorganizaremos el sistema judicial en tres niveles distintos:

› Justicia contra las mafias: un primer nivel de justicia implacable con mínimas garantías y máximos controles contra criminales de mafias organizadas de corrupción, narcotráfico y rentas criminales que será liderado y operado por la Fiscalía Antimafia.

› Justicia ordinaria: un segundo nivel de justicia ordinaria para la delincuencia común, liderado por el reestructurado Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana, junto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. En este nivel se sancionará drásticamente la reincidencia y el uso de armas en cualquier tipo de delito.

› Justicia restaurativa: un tercer nivel de justicia restaurativa para conflictos sociales y faltas a la convivencia que estará muy coordinado con las Alcaldías, sus equipos de seguridad y convivencia y servicios sociales, para asegurar un sistema de justicia restaurativa y segundas oportunidades. Promoveremos la creación de policías locales y sistemas de convivencia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena.

• Crear la Fiscalía antimafia: estará a cargo del primer nivel de justicia, el de sometimiento de mafias de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. Ese nivel judicial tendrá mínimas garantías, máximas sanciones y aislamiento indefinido para los criminales de las mafias de corrupción, narcotráfico y crimen organizado hasta que lleguen a sentencias judiciales de entrega de sus estructuras criminales, armas, y riqueza. Todo el capital ilegal que se incaute y recupere se reinvertirá en las regiones.
• Consolidar el Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana: para que coordine y opere los otros dos niveles de justicia, el ordinario para la delincuencia común y el restaurativo para faltas a la convivencia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Rama Judicial, reforzando su presencia y operación eficaz en todas las regiones, en coordinación con las alcaldías.
• Cumplirle a las víctimas: garantizar la reparación integral a las víctimas y el cumplimiento efectivo de los acuerdos de paz, asegurando el cumplimiento de lo pactado con la ciudadanía y las regiones.
• Reducir las violencias basadas en género: la impunidad en violencias basadas en género es inaceptable. Fortaleceremos la capacidad de investigación y sanción de la justicia ordinaria para que los feminicidios, la violencia intrafamiliar y los crímenes de odio contra la población LGBTIQ+ tengan castigos rápidos y ejemplares.
• Retomar el control de las cárceles: para garantizar la seguridad y vigilancia y evitar la comisión de delitos desde las cárceles, mediante una reforma penitenciaria integral, una transformación e integración del INPEC a una gendarmería carcelaria y hacer un plan de expansión del sistema carcelario con tecnología, cero corrupción, mayor capacidad y desarrollo de la industria penitenciaria, distinguiendo cárceles para cada uno de los tres niveles de justicia. Los responsables de mafias de corrupción, lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado estarán sometidos a un régimen legal y penitenciario diferenciado, con máximo control, vigilancia efectiva y aislamiento de sus redes.
• Transformar la Procuraduría: destinar sus funcionarios y recursos a fortalecer la Fiscalía Antimafia, la Fiscalía General en los territorios y el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Además se reorientarán hacia la prevención disciplinaria y la vigilancia de la contratación pública y la lucha contra la corrupción, con capacidad para identificar riesgos de corrupción, corregir irregularidades de manera oportuna y activar sanciones efectivas en coordinación con las entidades competentes.
• Fortalecer el Ministerio de Defensa y Soberanía Nacional: ampliar el pie de fuerza de las Fuerzas Militares y de Policía, así como sus capacidades operativas, de inteligencia, disuasivas, de combate, con adecuada tecnología, formación y entrenamiento. Fortalecer las capacidades de desarrollo industrial y tecnológico de las fuerzas militares, así como la cooperación internacional que tiene Colombia a nivel bilateral y con organismos multilaterales como la OTAN y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), entre otros, para perseguir y lograr el sometimiento del crimen organizado transnacional y sus rentas criminales, proteger nuestra biodiversidad y garantizar nuestra soberanía.

Un Estado soberano con liderazgo global y en las Américas, para la seguridad y defensa, para ejercer plenamente la autoridad sobre el territorio, proteger a su población y actuar con autonomía estratégica. Implica fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública, la inteligencia y la cooperación internacional para enfrentar amenazas transnacionales como el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal, los ciberataques y el tráfico de armas, con una visión de seguridad integral. Ese liderazgo se traduce en cooperación activa con sus vecinos y aliados, y defensa de la democracia que aporta a la estabilidad regional.

• Ejercer liderazgo político y estratégico en las Américas: para cuidar a los colombianos, defender la democracia, el territorio, las fronteras y en general la soberanía nacional, así como cuidar nuestra biodiversidad y ecosistemas estratégicos. Colombia acompañará los esfuerzos para restablecer la democracia y la libertad en Venezuela.
• Promover la reforma del régimen internacional de drogas: apoyaremos la desclasificación del cannabis y la hoja de coca, y fortaleceremos la cooperación internacional para la persecución del crimen organizado y el lavado de activos transnacional, particularmente el relacionado con el tráfico de cocaína y sustancias similares, y otras rentas criminales.
• Defensa de ecosistemas estratégicos: ejerceremos liderazgo regional en las Américas y a nivel global para la protección de la Amazonía, el Pacífico biogeográfico, nuestros mares, la reserva Seaflower y todos nuestros ecosistemas estratégicos, para la transición energética, la soberanía alimentaria, y el desarrollo científico y tecnológico.
• Impulsar una diplomacia política y económica activa: que abra mercados para los bienes y servicios colombianos, atraiga inversión extranjera directa de calidad y contribuya al desarrollo regional, fortaleciendo al mismo tiempo los intercambios culturales, educativos, científicos y tecnológicos.
• Consolidar una política exterior orientada a la cooperación efectiva: para la defensa de la democracia, la lucha contra el crimen organizado y sus rentas ilícitas, y el fortalecimiento de la autonomía estratégica en las cadenas de suministro, la industria y el desarrollo regional y nacional.
• Recuperar el control, protección e integridad de todo el territorio nacional: la mejor defensa y protección de las fronteras es que dejen de ser periferias de abandono y pasen a ser polos de desarrollo económico e institucional, garantizando oportunidades de desarrollo y florecimiento social, cultural y económico de sus pueblos. Se garantizará la protección efectiva de líderes sociales, ambientales y comunitarios como condición para la presencia legítima del Estado en los territorios.

Un Estado responsable, transparente y sin corrupción. Poner la casa en orden en finanzas públicas y anticorrupción es condición básica para recuperar la confianza, proteger el bolsillo de la gente y garantizar que el gobierno cumpla. El país necesita un gobierno que pague a tiempo, recaude lo justo, que se endeude responsablemente, que no robe para ganar ni para gobernar, y por lo tanto pueda convertir cada peso público en seguridad, servicios y oportunidades para la gente.

• Recuperar la confianza: fortalecer las entidades técnicas, implementar una política fiscal responsable y creíble y establecer canales de diálogo abiertos y constructivos con el sector privado, los gremios y las comunidades para acordar las políticas públicas y proyectos de desarrollo regional y nacional. Además tendremos reglas claras, estabilidad y condiciones para que el sector privado y el empresariado invierta, genere empleo y crezca en todo el país. Vamos a devolverle a la clase media la capacidad de progresar, ahorrar y mejorar su calidad de vida. Construir credibilidad: haremos un plan estable y predecible para 4 años para reactivar la economía. La regla fiscal y una regla de crecimiento económico guiarán las decisiones. Los gastos totales no pueden seguir creciendo más que los ingresos del país. El Gobierno nacional tendrá recortes de gasto burocrático y búsquedas de eficiencia.
• Crear reglas predecibles de impuestos: las reglas de impuestos serán predecibles y atadas a resultados macroeconómicos. la tasa de tributación empresarial de renta bajará 2 puntos por cada punto adicional de crecimiento del PIB y cuando la tasa de inversión privada supere el 20% del PIB. Si ponemos a crecer la economía a toda máquina, podemos tener menores impuestos.
• Acabar con la corrupción: se eliminarán los espacios de intermediación opaca, los fondos sin control y la contratación hecha a la medida de mafias políticas. La contratación pública será transparente, competitiva y vigilada, con sanciones ejemplares para corruptos, y con recuperación efectiva de los recursos. Se fortalecerán las capacidades de investigación y judicialización de redes corruptas que se roban los impuestos de la gente. Los corruptos serán procesados y sometidos a las reglas y condiciones de la Fiscalía Antimafia. Además, se creará un tribunal especializado para investigar de manera expedita los procesos de contratación pública desde los pliegos hasta la ejecución, con capacidad para identificar procesos amarrados, corregir oportunamente y sancionar de manera efectiva a responsables públicos y privados.

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