EJE 2
CUIDAR A LA GENTE
Acuerdo por la igualdad y la justicia social
Este acuerdo reúne las propuestas que garantizan el acceso equitativo y digno a los derechos fundamentales que permiten cuidar a las personas y sus familias y garantizarles una vida digna y justa. Parte de reconocer que la desigualdad estructural, agravada por la crisis de seguridad, económica y social, ha golpeado de manera desproporcionada a las mujeres y jóvenes, a los territorios y etnias históricamente excluidos, y a las familias trabajadoras y la clase media.
Estas políticas no solo buscan ampliar cobertura y calidad de esos servicios sociales fundamentales, sino transformar los sistemas públicos, privados y comunitarios que los ofrecen para que funcionen con transparencia, eficiencia y equidad social en todas las regiones. Que la vida y bienestar de un colombiano no dependa de dónde nace, del origen de sus padres, ni del lugar dónde vive. Se propone una política pública que reconozca, reduzca y redistribuya el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres, y reemplace esa recarga por un sistema institucionalizado e integrado de cuidado y protección social que proteja a las personas y familias desde la primera infancia hasta la vejez, con equidad territorial, de género y poblacional en todas las regiones del país.
Vamos a tener nuevo pacto social incluyente, que corrija la desigualdad estructural. Garantizaremos un enfoque poblacional transversal que proteja la vida y la autonomía de las mujeres frente a las violencias de género; que frene la exclusión y los crímenes de odio contra la población diversa LGBTIQ+, y que respete la interculturalidad y los saberes ancestrales de nuestros pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos.
MUJERES
Las mujeres son las protagonistas del desarrollo económico y social del país. Sin embargo, persisten brechas en ingresos, sobre carga de cuidado, acceso al empleo, uso del tiempo y violencias que limitan su autonomía. Mi gobierno priorizará el cierre de esas brechas como una condición para el crecimiento, la productividad y el bienestar, articulando cuidado, empleo y seguridad en una misma estrategia, con coordinación institucional y resultados medibles.
Propuestas
• Mecanismo/institucionalidad de género:
fortalecer el mecanismo rector de género, con autonomía técnica y capacidad de articulación intersectorial, con financiación y seguimiento a resultados.
• Autonomía económica: impulsar la autonomía económica de las mujeres, ampliando su acceso a empleo, crédito y oportunidades en sectores estratégicos.
• Sistema de cuidado: implementar el Sistema Nacional de Cuidado como política central para reducir la sobrecarga de trabajo no remunerado y aumentar la participación laboral de las mujeres.
• Vida libre de violencias: fortalecer la Línea Nacional de atención, reducir la impunidad mediante mayor capacidad de la Fiscalía y asegurar protección integral a las víctimas.
• Participación: promover la participación y el liderazgo de las mujeres en espacios de decisión pública y en la vida económica.
CUIDADO Y PROTECCIÓN SOCIAL
Las mujeres en Colombia enfrentan barreras persistentes para su autonomía económica, acceso al empleo digno, ejercicio de sus derechos reproductivos y protección frente a las violencias. La sobrecarga de cuidado, la informalidad laboral, las brechas salariales y la impunidad en casos de violencias contra las mujeres limitan brutalmente la vida y el desarrollo de las mujeres, especialmente en zonas rurales y excluidas. Se requiere una política nacional integral de género que articule educación, empleo, cuidado y vida libre de violencias con enfoque territorial y de derechos.
Colombia enfrenta una alta y persistente incidencia de pobreza, 16.2 millones de colombianos (31.8% de la población en 2024) vive con menos de 461 mil pesos al mes por persona. Esta alta incidencia de pobreza viene acompañada de una marcada desigualdad en el acceso a oportunidades y baja movilidad social. Profundas disparidades territoriales y por grupo poblacional permanecen a través del tiempo, afectando especialmente a mujeres cabeza de hogar, a jóvenes, comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos en departamentos como Chocó y La Guajira.
La alta informalidad laboral (55-60%) y el predominio de micronegocios de subsistencia impiden a los hogares vulnerables consolidar un camino para salir de la pobreza por ingresos y vulnerabilidad social y económica. Adicionalmente, el envejecimiento acelerado de la población (26% tendrá más de 60 años en 2050) exige un sistema robusto de cuidado y protección social de la infancia a la vejez.
El país necesita un nuevo pacto social de cuidado e inclusión que asegure movilidad social real, equidad territorial y dignidad en todas las etapas de la vida. Esto implica integrar las políticas de empleo, protección social y cuidado en una estrategia coherente con enfoque territorial y de género, y reconocimiento de la diversidad cultural. El cuidado debe ser un derecho social garantizado institucionalmente y no a través de la sobrecarga de cuidado no remunerado en las mujeres, y un motor de empleo digno y movilidad social.
Propuestas
• Crear y operar el Sistema Nacional de Cuidado y Protección Social a nivel municipal: con corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado y la comunidad para garantizar el cuidado institucionalizado público-privado-comunitario de los niños en su primera infancia, de los jóvenes más allá de la jornada escolar, de las personas mayores y en condición de discapacidad, relevando a las mujeres de esa sobrecarga de cuidado no remunerado.
El sistema operará con manzanas de cuidado en centros poblados y urbanos y con las modalidades pertinentes en zonas rurales. Los servicios institucionalizados de cuidado permitirán liberar tiempo y recarga de trabajo de cuidado no remunerado a las mujeres y cuidadores, y devolverles tiempo, servicios y oportunidades para descansar, estudiar, trabajar, tener autonomía económica y mejorar su calidad de vida.
• Mejorar la asignación y coordinación de subsidios para hogares en pobreza extrema con servicios sociales y de cuidado: crear paquetes diferenciados de apoyo para hogares en pobreza extrema, pobreza mode rada y vulnerables. Diseño y puesta en marcha de un censo nacional de ingresos, vivienda y población que reemplace la estratificación y permita la formalización de los predios y viviendas de las familias, además de mejorar la asignación de subsidios y apoyos estatales.
• Mejorar la asignación y coordinación de subsidios para hogares en pobreza moderada con subsidios de educación y empleabilidad: fortalecer la autonomía económica y la movilidad social de las personas a través de becas educativas y de entrenamiento laboral con subsidios para el empleo, combinándolos con los servicios de cuidado, y subsidios de pobreza. La ruta de protección social de todas las familias tendrá como objetivo su autonomía económica. Ningún colombiano quiere depender del subsidio de un político, porque sabe que eso acaba con su libertad y lo hace esclavo del clientelismo. El objetivo de los subsidios del sistema de protección social y del cuidado es erradicar el hambre y la pobreza extrema y darle autonomía económica y movilidad social a las personas que estaban en pobreza y vulnerabilidad.
• Mejorar el uso de los recursos parafiscales: permitir el uso de recursos parafiscales para prestar servicios del sistema nacional de salud, cuidado y protección social para toda la población, y regionalizar dichos recursos para asegurar equidad y un modelo de gestión basado en resultados. Se deben priorizar y ejecutar proyectos a escala regional de servicios de salud y cuidado, primera infancia, educación de básica a posmedia con jornada ampliada, alimentación y cuidado, vivienda y productividad.
Inclusión de personas con discapacidad:
garantizar la inclusión de personas con discapacidad mediante acceso efectivo a servicios, educación, empleo y entornos accesibles en todo el territorio.
• Fortalecer las rutas de justicia y protección oportunas para las mujeres y sus familias: ampliar la línea 155, crear sistemas integrados de información, atención y protección, expandir comisarías, jueces de familia y casas refugio y garantizar justicia oportuna y efectiva de prevención de violencias basadas en género y feminicidios.
EDUCACIÓN Y TRABAJO
Colombia ha logrado avances en cobertura educativa, pero persisten desafíos estructurales y culturales. El rezago en la calidad, junto con fuertes brechas sociales y territoriales, reproduce la exclusión histórica de poblaciones rurales, indígenas y afrodescendientes. La falta de universalización en preescolar y educación media, altas tasas de deserción y una desconexión entre lo aprendido y las oportunidades laborales y creativas generan frustración y precariedad. La educación se ha debilitado como mecanismo de movilidad social y formación ciudadana.
¡Pondremos la educación en primer lugar! Lideraremos una transformación educativa centrada en la equidad, con trayectorias de formación flexibles, de calidad y pertinentes para que cada persona desarrolle su potencial, tenga autonomía económica y logre movilidad social.
La educación debe dejar de reproducir desigualdades y convertirse en el motor de la movilidad social para la equidad, la democracia y la reconciliación nacional, formando ciudadanos hábiles, críticos, solidarios y capaces de crear valor y transformar sus comunidades desde la diversidad cultural y territorial.
Propuestas
• Fortalecer el sistema educativo: avanzar hacia una descentralización efectiva, implementar incentivos ligados a la calidad, unificar la educación posmedia en un solo sistema que conecte y garantice educación de calidad, empleo o emprendimiento formal que mejore ingresos y patrimonio personal y familiar, y mayor productividad y competitividad.
• Transformación con aprendizajes de calidad y bienestar: impulsar una renovación curricular participativa que integre competencias del siglo XXI, fortalecer el rol docente con pedagogías innovadoras, incorporar la educación socioemocional y ampliar la jornada con enfoque integral y modalidades flexibles.
• Equidad en las condiciones y trayectorias:
universalizar el preescolar de tres grados, mejorar la infraestructura de las sedes oficiales, implementar una canasta educativa integral y diseñar un plan especial para la educación rural con pertinencia intercultural e incorporar el componente de salud mental y cuidado en las políticas educativas.
• Oportunidades para jóvenes y adultos:
transformar el SENA para responder a las necesidades regionales, unificar el sistema Posmedia en una nueva Agencia Nacional de Educación Posmedia, trabajo y emprendimiento.
• Todos a la U un millón de becas de educación y trabajo: poner en marcha un programa nacional de acceso a la educación posmedia con un millón de becas de educación y trabajo similar a Jóvenes a la U y Todos a la U, que hicimos en la Alcaldía de Bogotá, adaptada a cada región.
• Impulsar la empleabilidad: especialmente de las mujeres, los jóvenes y las personas mayores de 50 años con formación para el trabajo y reconversión laboral hacia sectores de alta demanda en cada región como cuidado institucionalizado, servicios y tecnología, biotecnología, turismo y sostenibilidad ambiental.
• Crear incentivos al empleo y apoyo a micronegocios: fortalecer clústeres y cadenas productivas con alto potencial en productividad, competitividad y exportación, incentivos y cuotas de contratación para personas con discapacidad y poblaciones vulnerables, y una estrategia integral de fortalecimiento del tejido productivo regional, con énfasis en pasar de micronegocios de autoempleo a empresas con empleos formales y parte de cadenas productivas nacionales y de exportación. Se ofrecerán líneas de crédito preferencial, dirigidas específicamente a la economía popular liderada por mujeres, jóvenes emprendedores y población con discapacidad.
• Promover un Gran Acuerdo Nacional: todos unidos en el propósito de la educación, para promover un acuerdo nacional con participación social y política de todos los sectores, para que la educación sea el corazón del nuevo contrato social de Colombia.
CULTURA, DEPORTE Y PATRIMONIO
Colombia es una potencia cultural y deportiva, pero su potencial ha sido limitado por la centralización, la baja inversión territorial y la escasa participación comunitaria.
La concentración de recursos en grandes capitales ha profundizado brechas sociales y territoriales, impidiendo que la cultura, el patrimonio y el deporte actúen como motores de cohesión social, bienestar, talento y reconciliación. Convertirlos en una política estratégica de Estado exige descentralizar la inversión, garantizar derechos culturales y deportivos en todo el territorio y articular estos sectores al cuidado, la convivencia y el bienestar colectivo.
Propuestas
• Promover la cultura viva en los territorios:
festivales regionales, Fondo Regional de Estímulos, presupuestos participativos y APP culturales para fortalecer infraestructura y empleo cultural.
• Recuperar el patrimonio y memoria territorial: Sistema Regional de Patrimonios, museos vivos y pilotos de gestión patrimonial con participación ciudadana.
• Promover el deporte, salud y bienestar:
actividad física integrada a la salud pública, ruta deportiva juvenil, Juegos Regionales de la Identidad y APP deportivas para ampliar infraestructura y acceso.
VIVIENDA Y HÁBITAT
Las problemáticas del hábitat y el acceso a una vivienda digna en Colombia se explican por factores estructurales acumulados: una expansión urbana no planificada, déficits constructivos persistentes, exclusión financiera y una débil capacidad institucional para formular soluciones con enfoque regional. La producción de vivienda formal es insuficiente frente a la demanda, lo que genera un ajuste del mercado mediante crecimiento de la informalidad y el hacinamiento, afectando los indicadores de déficit habitacional y promoviendo la formación de asentamientos humanos informales.
Este panorama se agrava por la desconexión entre precios e ingresos: cerca del 70% de los hogares solo puede acceder al 10% de la oferta en el mercado. A esto se suma la alta concentración territorial del crédito y de la producción formal de vivienda, junto con la informalidad creciente en nuevos desarrollos. La escasa oferta de crédito hipotecario y la ausencia de instrumentos financieros alternativos limitan el acceso para los hogares de ingresos bajos y medios.
En paralelo, los gobiernos locales no cuentan con las herramientas ni los recursos suficientes para atender el problema, lo que obliga a repensar el rol del Gobierno nacional y la distribución de competencias. Finalmente, el crecimiento sostenido del número de hogares y la reducción del tamaño promedio por hogar generan una presión adicional sobre la demanda.
Colombia necesita una política integral de hábitat que supere el déficit estructural, habilite suelo bien localizado, diversifique los instrumentos financieros y fortalezca la planeación regional. Garantizar el acceso a vivienda con ciudad y servicios públicos y sociales no puede depender únicamente del mercado. El Estado debe asumir un rol activo para asegurar que el derecho a una vivienda digna con ciudad se cumpla en todos los territorios del país.
Propuestas
• 600 mil soluciones habitacionales para reducir el déficit urbano y rural: se implementará una política integral de vivienda que contemple:
› 250.000 subsidios para la compra de vivienda nueva o usada.
› 200.000 beneficiarios del programa nacional de arrendamiento social, como ruta de acceso progresivo a la vivienda propia.
› 150.000 mejoramientos de vivienda para atender el déficit cualitativo, especialmente en hogares vulnerables.
• Banco Nacional de Suelos: se creará banco para gestión suelo público y estratégico en función del desarrollo regional, facilitando el acceso a tierra bien localizada y apta para proyectos de vivienda, infraestructura y equipamientos sociales.
• Ordenamiento territorial moderno y coordinado: se promoverá la actualización de los Planes de Ordenamiento, con los municipios, departamentos y con acompañamiento técnico y financiero. Además se promoverá la planeación a escala metropolitana y regional, para fortalecer la asociatividad. Esto incluirá la actualización del catastro multipropósito para mejorar la gestión del suelo y la planificación del desarrollo.
• Instrumentos financieros alternativos para vivienda: se desarrollarán nuevos mecanismos que amplíen las opciones de acceso a vivienda, como subsidios mixtos, coberturas de tasa de interés, esquemas de arriendo con opción de compra y microfinanzas para mejoramiento, adaptados a las condiciones de los hogares de ingresos bajos y medios.
AGUA Y SANEAMIENTO
Colombia enfrenta un escenario crítico en la gestión del agua, con una demanda creciente en regiones de baja disponibilidad, especialmente en las cuencas Magdalena-Cauca y Caribe. Las zonas rurales carecen de acceso a agua potable y saneamiento, perpetuando la exclusión y problemas sanitarios y de salud. El recurso hídrico se usa de manera ineficiente, con altas pérdidas en redes urbanas y sistemas agrícolas.
A esto se suma la baja capacidad institucional para proteger las fuentes de agua y una crisis en la gestión de residuos sólidos.
El agua será gestionada como un bien común y un derecho humano, combinando justicia territorial, eficiencia técnica y participación comunitaria. Se garantizará el acceso universal a agua potable y saneamiento, se priorizará su uso en actividades de alto impacto y se premiará el ahorro y la reutilización.
Se construirá un modelo de gestión hídrica que fortalezca la equidad y la seguridad hídrica, con una cultura política renovada y un enfoque de interculturalidad.
Propuestas
• Cerrar brechas de acceso a agua potable y saneamiento básico: agua para la vida y la equidad territorial en territorios históricamente excluidos, priorizando zonas rurales, rurales dispersas y comunidades étnicas, mediante inversiones regionalizadas, soluciones diferenciales y fortalecimiento de capacidades locales.
• Priorizar el uso y valoración del agua según vocación regional: las CAR definirán caudales para el abastecimiento humano, y las agencias macro-regionales definirán prioridades productivas. Las tarifas se ajustarán para premiar la eficiencia sin sacrificar la equidad.
• Promover el reúso y ahorro de agua: se incentivará la reducción de pérdidas y el reúso de aguas lluvias y residuales tratadas, creando un mercado regulado que dinamice economías circulares.
PROTECCIÓN ANIMAL Y BIENESTAR
Colombia enfrenta altos niveles de maltrato, abandono y tráfico ilegal de fauna, con una institucionalidad débil y grandes brechas territoriales en su implementación. Esto afecta la salud pública, la seguridad y la biodiversidad. Avanzaremos en fortalecer y hacer cumplir lo existente, con acciones concretas que mejoren la capacidad del Estado y la convivencia con los animales en todo el territorio.
Propuestas
• Endurecer sanciones y fortalecer la inspección y judicialización efectiva del maltrato animal, con canales de denuncia y respuesta oportuna.
• Implementar programas masivos de esterilización y vacunación, priorizando municipios con mayores problemas de abandono y riesgo sanitario.
• Combatir el tráfico ilegal de fauna como parte de la estrategia contra economías ilícitas, con control territorial y coordinación interinstitucional.
• Regular el comercio de animales y promover la adopción responsable, reduciendo la informalidad y el abandono.
Conoce más del Programa de Gobierno de Claudia López y Leonardo el Vice.
