EJE 3
HACIA UNA COLOMBIA DE REGIONES
Acuerdo por el desarrollo regional sostenible sin corrupción
Apoyo a la pequeña y mediana empresa con crédito barato, asistencia técnica, tecnología y mejores ventas, y para el campesinado tierra, infraestructura y precio garantizado de compra para sus cosechas.
Este acuerdo busca desarrollar el potencial productivo de las regiones como la vía para superar el estancamiento de la productividad del país y lograr una mayor convergencia territorial para el mejoramiento de las condiciones de vida y cierre de brechas, descentralizando la capacidad de planeación, inversión y ejecución del Estado. Parte de la convicción de que Colombia solo podrá avanzar si reconoce la diversidad de sus regiones y les entrega las herramientas, recursos y competencias para definir su propio destino.
Colombia enfrenta una crisis de productividad con un crecimiento casi nulo, lo que impide la generación de empleo de calidad y la reducción de desigualdades. Este problema se manifiesta en una fuerte brecha territorial, con la productividad concentrada en grandes ciudades mientras buena parte de las regiones se rezagan. Las brechas económicas no solamente son amplias, sino que incrementan con el tiempo (divergencia económica) y hay amplificadores como la pandemia y el proceso de recentralización administrativa y fiscal. Con la dinámica actual, el país tardaría 350 años en duplicar su productividad, necesitamos hacerlo en 20 años.
En la base misma del estancamiento de la productividad del país se encuentra el centralismo económico, por ello lideraremos una transformación productiva desde las regiones para duplicar la productividad y el ingreso de las familias en 20 años. El Estado debe dejar de ser un obstáculo para convertirse en un habilitador del desarrollo, un socio que dinamiza la inversión inteligente, que genera confianza, agrega valor, y promueve las alianzas público-privadas-comunitarias como medio de asociatividad en los grandes proyectos de desarrollo regional. La descentralización económica es un acto de cultura política que democratiza las oportunidades y reconoce a los territorios como protagonistas.
Además, se requiere de una política energética y minera que sea una palanca esencial para saldar la deuda histórica con las regiones, transformando la riqueza del subsuelo y la geografía en energía estable, barata y limpia que permita el desarrollo económico e industrial, superando injusticias como las del Caribe y la Orinoquía, que a pesar de poseer grandes recursos (gas, petróleo, sol y viento), viven entre apagones, altas tarifas, pésimos servicios públicos y sociales, marginadas de la competitividad. La industrialización del siglo XXI requiere energía abundante, confiable y barata, por lo que es fundamental para el país retomar la exploración de hidrocarburos y realizar pilotos de fracking bajo evidencia científica y riguroso licenciamiento ambiental para asegurar precios bajos y evitar el desabastecimiento de recursos clave para la economía de los hogares como el gas natural.
Para que esto se traduzca en bienestar regional y no en conflictos, planteamos un modelo donde las comunidades sean “socias” de los proyectos y las empresas ejecuten directamente la infraestructura necesaria (vías, acueductos, redes eléctricas) mediante mecanismos como “obras por impuestos” o participación en utilidades, eliminando así la intermediación política corrupta que suele apropiarse de las regalías y garantizando que la inversión llegue efectivamente a los municipios productores.
Por su parte, el turismo no se tratará como un sector aislado, sino como un instrumento de política pública para el desarrollo sostenible. Lo potenciaremos como una actividad productiva no agropecuaria estratégica que aprovecha los activos inmateriales y el patrimonio cultural para generar empleo e inclusión social en los diferentes territorios. Sin duda Colombia es el país de la belleza, pero debe ser también el país de la seguridad y las oportunidades si queremos que el turismo sea un eje del desarrollo.
Finalmente, para ser realmente productiva Colombia necesita una reforma urgente del ordenamiento ambiental y de los instrumentos de licenciamiento, que parta de la articulación territorial y reconozca la diversidad ecológica y social del país. El modelo actual es insostenible por su fragmentación normativa, centralismo técnico y débil articulación con las realidades locales; la nueva visión debe ubicar el agua, los ecosistemas y la participación comunitaria en el centro de la gestión ambiental, fortaleciendo la gobernanza descentralizada, la transparencia y el control ciudadano.
Nuestra apuesta productiva pasa necesariamente por asegurar la sostenibilidad ambiental de los modelos productivos de las regiones de manera ágil y efectiva. En términos de gestión ambiental, pondremos fin a la fragmentación normativa y de competencias en la gestión ambiental, reduciremos la presión creciente sobre ecosistemas estratégicos a través de la protección de la Amazonía, los parques naturales y todas las reservas naturales de conservación y protección y en el resto del territorio una visión productiva y sostenible. Solucionaremos los conflictos derivados de procesos de licenciamiento poco efectivos y excesivamente centralizados.
Este acuerdo contiene un enfoque de equidad, para cerrar las enormes carencias e injusticias de la población en las diferentes regiones y de desarrollo territorial para que cada región desarrolle todo su potencial económico y productivo en beneficio de sus comunidades, a la vez que conserva sus ecosistemas estratégicos, reservas naturales y biodiversidad.
Propuestas
Un Estado descentralizado, sin corrupción y capaz de cuidar a la gente y desarrollar las regiones. La seguridad solo es sostenible si se construye sobre justicia social y presencia integral del Estado en todo el territorio que garantice inversión pública eficaz, sin corrupción y con enfoque de equidad para cerrar las enormes carencias e injusticias de la población en las diferentes regiones y de desarrollo territorial para que cada región desarrolle todo su potencial económico y productivo empresarial en beneficio de sus comunidades.
• Descentralizar el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para que pase a ser el Departamento de Planeación Regional (DPR). Con tres esquemas diferentes:
› Ciudades con esquema metropolitano: para las ciudades que cuentan con área o región metropolitana conformada, esta entidad hará las veces de DPR, dada su capacidad técnica y experiencia.
› Ciudades sin esquema metropolitano: para el resto de las ciudades del sistema de ciudades que no cuentan con esquema metropolitano, se promoverá su conformación asociativa para que estos asuman el rol del DPR.
› Resto de municipios de Colombia (cerca de mil municipios): el DPR se conformará y agrupará por subregiones
funcionales, para mejorar la capacidad técnica de los municipios y territorios que las conforman.
• Fomentar la creación de asociaciones municipales, áreas y regiones metropolitanas: con el fin de promover la asociatividad, se promoverán esquemas metropolitanos y de colaboración entre municipios y departamentos, preservando la autonomía administrativa, presupuestal y fiscal de los entes territoriales municipales o departamentales que los compongan. Esto permitirá coordinar decisiones, acciones e inversiones en beneficio de la gente, y coordinar más efectivamente la inversión nacional regionalizada con su DPR respectivo.
• Aumentar las capacidades técnicas de los municipios: cada DPR será la tecnocracia de los municipios que conformen la respectiva subregión funcional, de alta calidad, escogida por mérito y con conocimiento del territorio, para estructurar técnica y financieramente los proyectos de inversión junto a alcaldes y gobernadores, eliminando el centralismo, la intermediación política y la corrupción. Cada DPR estructurará directamente en los territorios, con alcaldes y gobernadores, los proyectos de inversión regional, técnica y financieramente, sin intermediación política de congresistas ni contratistas. Cada vigencia, el DPR debe tener un portafolio de proyectos en prefactibilidad y un portafolio de proyectos de inversión completamente estructurados.
• Crear los presupuestos participativos regionales: el DPR de cada región, con sus respectivas Alcaldías y gobernaciones, concejales, diputados y congresistas harán asambleas populares de presupuesto participativo para explicar a la ciudadanía los proyectos estructurados y viabilizados de inversión. Mediante medios tecnológicos al alcance de la ciudadanía, la gente votará y decidirá la priorización de los proyectos viabilizados técnica y financieramente para definir cuáles pasan a ejecución en la vigencia y cuáles de los que están en prefactibilidad pasan a estructuración definitiva para la siguiente vigencia.
• Promover la participación y pluralismo para priorizar proyectos: las partidas regionales estratégicas se asignarán por votación transparente y cero corrupción desde el Plan Nacional de Desarrollo y el presupuesto nacional, sin que alcaldes y gobernadores deban ir a Bogotá a hacer lobby y gestión para conseguir recursos de la Nación. Los alcaldes y gobernadores no tendrán que ir a Bogotá a rogar citas, conseguir partidas y viabilizar proyectos. ¡No más rodilleras y centralismo, y mucho menos corrupción!
• Cerrar brechas y mejorar la calidad de vida en las regiones: En vez de que los Alcaldes y gobernadores vayan a Bogotá, el DPR estará permanentemente en los territorios y la Presidencia irá a cada una de las subregiones funcionales para estructurar, priorizar y ejecutar la inversión nacional regionalizada de común acuerdo con la ciudadanía, los alcaldes, gobernadores y bancadas, de manera pública, participativa y transparente. Dicha inversión se enfocará en garantizar cobertura universal y de calidad para toda la población en servicios públicos, educación desde primera infancia hasta posmedia, salud y cuidado, vivienda, carreteras e infraestructura productiva. Dado que ese será el destino de la inversión nacional regionalizada, los recursos girados
directamente a los entes territoriales vía SGP serán de libre inversión, excepto los que tienen destino a subsidios de servicios públicos o sociales definidos por Ley, pero su destino e inversión debe hacerse mediante votación de presupuesto participativo con la ciudadanía de cada ente territorial. Se termina así con el SGP limitado, la gente y sus autoridades locales tendrán autonomía en su priorización, inversión y ejecución.
• Se promoverá la participación de las comunidades en el desarrollo económico local: las organizaciones comunitarias podrán no sólo proponer ideas sino formular y ejecutar proyectos con inversión pública, privada y comunitaria, en sus comunidades. También se promoverá su participación y decisión mediante votación en los presupuestos participativos regionales y en la conformación de Alianzas Público-Privadas-Comunitarias. Estas serán para los grandes proyectos de desarrollo regional en sectores como energía, transición energética, agroindustria e infraestructura, con un modelo de gobernanza en el que la inversión y gerencia del negocio está a cargo del socio privado, y la parte público-comunitaria será socia y recibirá utilidades directas que se ejecutarán por el esquema de obras por utilidades u obras por impuestos en los proyectos que priorice la comunidad en los presupuestos participativos.
Desarrollo productivo descentralizado, justo y competitivo para todas las regiones. El crecimiento económico solo es sostenible si se construye desde los territorios, reconociendo sus vocaciones productivas, cerrando brechas históricas y garantizando que la inversión pública y privada llegue donde hoy no llega. El desarrollo productivo requiere un Estado que no sólo da reglas y estabilidad sino que agrega valor y capacidad de coordinación y habilitación del desarrollo económico, que invierte con enfoque regional, sin corrupción y con reglas claras, y que articule infraestructura, talento, financiamiento y gobernanza para que cada región despliegue todo su potencial económico en beneficio de su gente.
• Desarrollar apuestas productivas regionales con inversión pública focalizada y empresas ancla: definir, de forma participativa, apuestas productivas diferenciadas para cada región, con máxima prioridad presupuestal. La inversión pública se orientará a habilitar y conectar a los productores por tipo de producto, articulando diversas fuentes de financiación y garantizando infraestructura, asistencia técnica, crédito barato y precio de compra garantizado para sus cosechas. Esta estrategia se complementará con la atracción de empresas ancla globales que transfieran tecnología a pymes locales y se alineen con la internacionalización basada en vocaciones regionales.
• Crear portafolios territoriales de proyectos y financiación unificada: cada región contará con un portafolio estructurado de proyectos de desarrollo productivo, financiado mediante alianzas público-privadas-comunitarias y gestionado a través del Fondo de Convergencia Regional, que unifica recursos del presupuesto nacional, cooperación internacional y fondos de inversión hoy dispersos.
• Promover empresas más productivas, innovadoras y con acceso justo a mercados: se implementará una ruta integral de apoyo empresarial desde los territorios, articulando
programas existentes para mejorar productividad, innovación y ventas. Se eliminarán los privilegios normativos, la cartelización y las posiciones dominantes para garantizar una competencia justa y sin barreras. Las micro, pequeñas y medianas empresas tendrán acceso preferente a compras públicas y mercados, pago a 30 días, menores costos, y subsidios al empleo con salario mínimo a poblaciones con mayor desempleo como jóvenes, mujeres y mayores de 50 años.
• Mejorar la infraestructura para la conectividad, la inclusión y la productividad: se transformará la forma de planificar, priorizar y ejecutar la infraestructura de transporte con una visión multimodal, resiliente y productiva, al servicio de las grandes apuestas de desarrollo regional. Esto permitirá reducir costos logísticos, hacer más eficientes y seguros los traslados de personas y mercancías y conectar de manera más inclusiva los territorios productivos del país. Con el propósito de:
› Fortalecer la participación de las comunidades como socias en la planificación, ejecución y beneficios de los proyectos;
› Ajustar los procesos de licenciamiento ambiental para proteger la estructura ecológica y, al mismo tiempo, acelerar la infraestructura resiliente y adaptativa;
› Recuperar la participación activa del sector privado en la gestión de infraestructura de calidad al servicio de la gente y de la agroindustria.
• Mejorar el modelo de concesiones portuarias: la terminación de las concesiones de las sociedades portuarias en 2030 presentan una oportunidad de aprender de esa excelente experiencia, y proponer una nueva asociación público-privada-comunitaria a la que se concesione no sólo el puerto y los muelles, sino el dragado de sus canales y sus vías terrestres de acceso, así como los suelos potenciales industriales y logísticos en unas zonas económicas especiales de alto valor agregado, logístico y exportador.
• Incentivar el talento regional y transformación educativa para el trabajo: el SENA será reestructurado para responder a las necesidades productivas de cada región y de sus portafolios de proyectos. Se formará el talento necesario para la transformación productiva con
calidad, pertinencia y equidad. El sistema de educación posmedia con un millón de becas pertinentes para cada región.
• Apoyar la infraestructura digital para la productividad: se impulsará un gobierno digital interoperable, con trámites automatizados, pagos integrados y eliminación de cargas notariales innecesarias. Se creará un Portal Único Empresarial para simplificar procesos y reducir burocracia. Se garantizará el acceso a internet y una competencia efectiva en telecomunicaciones, y un sistema de finanzas y datos abiertos y transferencias gratuitas con Bre-B.
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