Los senadores Claudia López y Óscar Mauricio Lizcano presentaron informe favorable de la ponencia para el primer debate del proyecto de acto legislativo que pretende extender la sanción de la Silla Vacía contra las personas elegidas popularmente — para corporaciones públicas — que fueran condenadas por la comisión de delitos contra la administración pública y en contra de los partidos que les otorgaron el aval.
Actualmente, estas sanciones aplican para las personas que son elegidas a un cargo de elección popular, o para aquellas que participan en elecciones a pesar de no ser elegidas, en los casos de que sean condenados por los delitos relacionados con la vinculación de grupos armados ilegales, actividades de narcotráfico, delitos de lesa humanidad o delitos contra los mecanismos de participación democrática.
«Se trata de crear instrumentos eficaces para frenar el efecto desolador de la corrupción sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas», señala la ponencia presentada hoy y que se puede consultar integra aquí.
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