En el marco de un debate de control político sobre el proceso de paz, en la Comisión I del Senado, Claudia López criticó que el Gobierno le tenga más respeto a los delegados de las Farc en La Habana que a los representantes de los ciudadanos en el Congreso.
«Si el gobierno le tuviera la milésima parte del respeto a esta comisión que a la mesa de La Habana cómo funcionaría de bien la democracia» aseveró ante la ausencia de los funcionarios del Gobierno Nacional citados y las respuestas insuficientes, cuando no inexistentes, de las distintas instancias del gobierno al cuestionario enviado por la bancada citante.
«Parece que estuviéramos discutiendo un tema menor y no el más crucial para la Colombia de hoy: cómo poner fin a la guerra y construir un país en paz» continuó López Hernández. La legisladora lamentó «el tratamiento de quinta a este tema y a la bancada de oposición mayoritaria» por parte de la Administración Santos.
Respecto al debate planteado por la bancada uribista, López celebró que se abra la discusión sobre el vínculo entre las Farc, el narcotráfico y las economías ilegales. «Ya hubieramos querido que se hubieran siquiera discutido en otros procesos la responsabilidad de los grupos armados con estos fenómenos. Ni siquiera estuvo en el temario» recordó la senadora de la Alianza Verde.
En particular, trajo a colación que en el proceso conducido por el presidente Álvaro Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no hubo «un solo compromiso, ni una sola exigencia en materia de narcotráfico» pese a que se trataba de la organización de narcotraficantes más grande en la historia de Colombia» y que en ella participaron capos como Ramiro Vanoy Murillo y Diego Fernando Murillo Bejarano, quienes purgan una condena en EU por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
«Qué bueno que hoy nos preocupemos todos, incluido el Centro Democrático, sobre cómo es que vamos a hacer para que no nos vuelva a pasar la misma bufonada con el narcotráfico que en el proceso con los paras» dijo ante la Comisión I. Para López ese proceso solo sirvió para que se «lavaran las manos, sus fortunas, sus prontuarios y no aportaran nada a la reparación de las víctimas», pese a los compromisos firmados al respecto.
Ese es un contraste significativo con el actual proceso de paz, en concepto de la senadora verde, puesto «que hay un acuerdo público con compromisos concretos de erradicar los cultivos de coca; recursos y políticas para prevenir el consumo y el restablecimiento forestal y agropecuario de las tierras» usadas para el narcotráfico. «Otra cosa es si se cumplen: pero ahí estará la ciudadanía para exigirlo».
Otra diferencia con el proceso de las AUC que remarcó López Hernández tiene que ver con la participación política de los grupos desmovilizados. «A mi poco me importa si Iván Márquez va a resultar sentado aquí en la Comisión I, siempre y cuando se desmovilice y le cumpla a las víctimas». «pero después; no antes, ni en paralelo como hicieron los paras» enfatizó.
Durante la década pasada, Claudia López e investigadores sociales revelaron cómo los paras contribuyeron a la elección y reelección del presidente Uribe y alcanzaron a tener la mitad de las gobernaciones, un tercio de las alcaldías y un 40% de la participación en el Congreso. «Con ellos no se negoció nada al respecto, porque ¡Ya estaban gobernando!» explicó.
Por eso resaltó que este proceso de paz «está poniendo los puntos sobre las íes» y «dejando atrás la hipocresía» en materia de drogas, participación política y reparación a las víctimas.
Aunque no vaciló en cuestionar uno de los más recientes anuncios de las Farc y el gobierno desde La Habana, el relacionado con la Comisión de la Verdad: «qué decepción» apuntó la congresista. «Me temo que se apresta a ser una burla a los colombianos pues es absurdo que (los presuntos responsables) comparezcan ante ella voluntariamente».
La congresista recomendó que para que esa comisión ofrezca garantías reales de verdad y reparación debe ser exigible el testimonio de todos los que han contribuido a esta guerra. Y ejemplificó que los actos públicos de perdón pueden contribuir a la reparación sin que sean fruto de un proceso penal.
«Para garantizar la paz necesitamos que nadie se quede sin una solución jurídica» por los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco del conflicto armado.
Escuche el audio con la intervención en la Comisión I:
