La modificación del Decreto 2820 de 2010 sobre licenciamiento ambiental es una medida inconstitucional y riesgosa parala sostenibilidad del país, considera la Alianza Verde.
Este cambio propuesto por el gobierno incumple con los principios de prevención y precaución, el deber de planificación y conservación ambiental y desconoce el derecho a la participación ciudadana.
Las licencias ambientales no pueden ser entendidas como un simple trámite y mucho menos como una talanquera al desarrollo del país. Por el contrario, son la garantía del derecho constitucional a gozar de un ambiente sano y la oportunidad para que las autoridades evalúen con rigurosidad temas complejos en materia social, étnica, ambiental, hídrica y de biodiversidad.
Además, los términos y parámetros para otorgar las licencias ambientales están incluidos en la Ley 1450 de 2011 y no es un decreto el instrumento idóneo para modificarlos. Esto constituye una extralimitación de poderes por parte del Gobierno Nacional que rechazamos. Más aún cuando el Decreto 2820 está a la espera de un control de legalidad del Consejo de Estado.
El problema de la parálisis de los megaproyectos no se soluciona con la reducción de los términos del proceso de expedición de las licencias.
Las demoras son causa de la precaria capacidad técnica e institucional de la ANLA y las CAR para gestionar las licencias con personal capacitado e información suficiente. Si el Gobierno nacional quiere agilizar la aprobación de proyectos, debe fortalecer la capacidad institucional de las autoridades encargadas y no debilitar aún más esta instancia de control.
Colombia es uno de los países con más conflictos socio-ambientales, muchos de los cuales tienen que ver con la falta de capacidad de la autoridad y, otros, con la baja calidad y mediocridad en los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas.
La propuesta del decreto es un riesgo para la calidad de la licencia y por tanto, para la vida de los colombianos. En Australia y Estados Unidos, por ejemplo, el trámite de una licencia requiere entre 12 y 36 meses. ¡En Colombia el Gobierno Santos quiere hacerlo en dos meses!
Esta medida se une a otra quizás más peligrosa y con un potencial de daño irreparable aún mayor: permitir en el nuevo decreto la posibilidad de que el fracking se lleve adelante sin siquiera una licencia ambiental específica.
Mientras el gobierno posa de ambientalista en la Asamblea de la Naciones Unidas, el Partido Alianza Verde le insiste en una moratoria al fracking que permita adecuar las instituciones a las necesidades de supervisión y control que demanda la industria extractiva. No podemos regular este asunto a punta de ensayos y errores cuando los daños resultan irreparables para el medio ambiente y las comunidades.
