Este martes 25 de abril la senadora citó a la Comisión Primera de Senado al Ministro del Interior, al Alto Consejero para el Posconflicto, el Fiscal General, al Director de la Unidad Nacional de Protección y el Defensor del Pueblo para responder por los avances en la implementación de los Acuerdos de Paz a 34 días de cumplirse el plazo máximo para la dejación de las armas.
En su intervención la senadora Claudia López destacó como puntos positivos de la implementación del Acuerdo de Paz el cese bilateral al fuego, la concentración de 7.038 guerrilleros de las Farc en 19 Zonas Veredales y 7 Puntos de Normalización y que a la fecha existen 6.900 armas en proceso de dejación.
Con respecto a lo regular de la implementación, señaló que faltó en la adecuación de las zonas veredales, no se ha construido institucionalidad derivada del acuerdo, ni una implementación normativa, ni se ha dado puesta en marcha a la JEP. Con respecto a las Farc, indicó que uno de los puntos donde más se demoraron, fue en la entrega de la lista de menores de edad donde se logró con presión el reporte de 60 adolescentes que estaban en la tropa de las Farc.
“Lo bueno hasta el momento es que nos dejamos de matar, que la violencia bajó, no hay más víctimas y el cese se cumplió. Lo regular es que mal que bien llegaron las Farc, están concentrados, hay 900 caletas reportadas y finalmente pusieron un grupo de 50 personas para que tramite las amnistías de la JEP”, explicó la senadora de la Alianza Verde.
En cuanto a lo negativo de la implementación, la Senadora denunció que el gobierno no está ocupando el territorio en municipios que antes tenían presencia de las Farc, no se están sustituyendo las economías ilícitas y se ha incrementado la violencia contra líderes sociales.
“Lo malo es que no se está ocupando el territorio, ni sacando las leyes, expidiendo decretos ni fijando presupuestos. Había que estar en las zonas antes de que las Farc se desmovilizaran, teníamos que crear una fuerza de tarea conjunta para brindar seguridad a los ciudadanos. De 240 municipios que dejaron las Farc, en por lo menos 86 hay presencia certificada de otro grupo armado ilegal, por ejemplo, el ELN y Bacrim”, expuso.
Finalmente la Senadora alertó la falta de seguridad presupuestal que tiene el Acuerdo de Paz. «La adición presupuestal del gobierno de 1,5 billones de pesos para el posconflicto está mal distribuida y no alcanza para garantizar la inversión de 4,5 millones de personas que viven en los territorios donde se van a desarrollar los PDETs»
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Vea aquí la intervención de Claudia López
Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, manifestó que desde su cartera se está trabajando en el tema de asesinatos y ataques a los líderes sociales y explicó que Antioquia, Cauca y Norte de Santander son los departamentos en donde hay mayor riesgo y que uno de los factores es que las Farc ya no ejercen la autoridad armada en esas zonas.
“Lo que está sucediendo es que en algunas zonas específicas del país, hay una ofensiva con la salida de las Farc. En el año 2016, 64 líderes sociales fueron asesinados y esto realmente nos preocupa mucho, pero también es pertinente mencionar que ninguno de estos había solicitado previamente protección al Estado, esto lo que nos evidencia es que no solo no exigen medidas de protección, sino que en muchos caso como en la minería ilegal u otros asuntos comunitarios, ellos no dimensionan el peligro que corren por ejercer su liderazgo. Frente a esto tenemos que seguir actuando con celeridad, por eso en varios departamentos ya tenemos varias mesas nacionales de garantías instaladas, también creamos una Subcomisión de Derechos Humanos que semanalmente hace un detallado seguimiento para prevenir y estudiar estos casos y en febrero de este año el Gobierno Nacional creó en Popayán la Comisión Nacional de Garantías, en la que participan altos funcionarios del Estado” afirmó el Ministro.
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En su intervención Rafael Pardo habló de varios de los programas de desarrollo que se han creado en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz. De ellos hizo mención de aquel a través del cual se propende por el aumento de la presencia estatal en los 101 municipios en los que anteriormente operaban las FARC, la cual se hace visible mediante iniciativas como el plan de 100 días, que se ha ejecutado sobre las zonas veredales de transición, y que tiene como objetivo derivarse en la creación de las circunscripciones especiales.
En la segunda parte de su intervención Pardo habló de los temas de desminado y sustitución de cultivos de coca. En cuanto al primero expuso que hasta el 2016 se había desminado 2´600.000 metros cuadrados, y que hasta la fecha el 40% del territorio que puede verse afectados por minas se encuentra bajo control. Con respecto a la segunda, señaló que se está haciendo a través de dos mecanismos: erradicación forzada y sustitución voluntaria en las cuales se ha logrado acabar con alrededor de 10.000 hectáreas cultivas y se ha convencido a muchas familias de abandonar este tipo de cultivos.
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Por su parte María Paulina Rivera, vicefiscal General de la Nación expuso en el debate que desde la entidad se ha advertido sobre las causas de los atentados a líderes sociales. Se expuso que son 3 las principales razones las que se han encontrado para esta clase de asesinatos: primero, la disputa por las rentas ilícitas de los territorios que dejaron las Farc, así como algunas de las disidencias de este grupo armado que atentan contra los derechos y por último, la corrupción administrativa que quiere eliminar las voces y denuncias de estos líderes.
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El director de la Unidad Nacional de Protección Diego Mora, explicó las inversiones del presupuesto de la UNP: “nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que la mayoría del presupuesto de la Unidad Nacional de protección, se invierta en aquellas personas que evidentemente tienen un riesgo mayor, es por eso que el 81% del presupuesto está dedicado a medidas de protección para personas vulnerables, defensores de derechos humanos, miembros de grupos étnicos y en especial miembros de juntas de acción comunal”. Por otro lado señaló que es preocupante que los líderes víctimas nunca solicitaron o accedieron a las medidas de protección y por ello expuso la necesidad de replantear las actuales estrategias con respecto a este tema.
Vea aquí la intervención de Diego Mora
El vicedefensor Jorge Enrique Calero expuso que esta entidad no tiene los recursos para atender a todas las tareas y roles que se le asignan desde los Acuerdos de Paz, por esta razón le es difícil monitorear, informar y advertir de forma oportuna riesgos como el que se presenta con los líderes sociales. “El Defensor ha solicitado que la Unidad Especial de Investigación tome los 156 casos actuales y los maneje porque se presume que fueron asesinados en el ejercicio de su actividad social. Adicionalmente se piden actos públicos de reconocimiento a la labor del Defensor de los Derechos Humanos porque un problema grave es la estigmatización de los defensores (as), así como se espera de la Comisión Nacional de Garantías un plan de acción para la protección de estos”, puntualizó.
Vea aquí la intervención de Jorge Enrique Calero
Como conclusión del debate la senadora de la Alianza Verde señaló que este debate demuestra los incumplimientos e improvisación del gobierno nacional frente a la implementación de los Acuerdos de Paz. “Después de irrumpir un orden criminal en las regiones, no logró sustituirlo. Nunca hubo un plan de retoma de control del territorio, teníamos un para-Estado que controlaba 240 municipios, había que recibirles el control y no lo hicimos nunca y la gente se está muriendo en los territorios; esa es la gran lección de estos primeros meses”, puntualizó al cierre de este debate de control político
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