En el marco del foro «El Ejército del futuro: entre transformación y doctrina para construir la paz», la Senadora Claudia López presentó su visión sobre la recomposición del presupuesto del sector seguridad y defensa y el rol que debe cumplir la fuerza pública en el posconflicto.
La senadora aseveró que aún cuando se firme la paz, en los próximos 15 años no podrá reducirse el porcentaje del PIB destinado a este sector.
Este rubro en su máximo pico fue de 5,6% y hoy apenas llega al 3,4%. «Sería inadecuado bajar de ahí», aseguró. «Se debe dar una recomposición interna de acuerdo a los nuevos retos de seguridad que afronta el país» sostuvo.
Para López la paz es la oportunidad para que las elites hagan las inversiones necesarias en la mitad del territorio, las fronteras y las zonas rurales y que así «todos los colombianos tengan las mismas posibilidades de ejercer la ciudadanía, sin importar en qué lugar del país están».
Otra de las razones por las cuales no se puede reducir el gasto en defensa en el corto plazo es porque el 67% va a funcionamiento. Es decir, los sueldos, la salud y las prestaciones de los hombres y mujeres que nos protegieron. «A ellos hay que cumplirles. No les podemos decir que cómo ya se acabó la guerra, tan de malas, no los necesitamos más. Tenemos el deber moral y democrático de cumplirles».
Así mismo sugirió un cambio radical en la doctrina del Ejército, enfocada hoy en el combate de la insurgencia, y evolucionar a un enfoque de garantía de derechos. «La Fuerza Pública tiene que resistirse a la tentación de ser arrastrada a la confrontación ideológica. Eso déjenlo a la ciudadanía. De una doctrina del enemigo hay que pasar a una de enfrentar las amenazas a la seguridad en todo el territorio».
El rol del Ejército no puede ser el de contener el populismo, expresó: «Colombia no puede seguir usando la violencia y el clientelismo para sofocar las legitimas demandas sociales de la población»
La senadora de la Alianza Verde expresó que el énfasis en adelante deber ser fortalecer el modelo de seguridad rural, que actualmente solo destina el 9% del pie de fuerza fuera de las cabeceras municipales, aunque allí vive el 24% de la población.
«Tenemos el reto de reemplazar a las FARC y controlar la minería ilegal y los cultivos de coca, actividades con perversos efectos sobre el medio ambiente» comentó.
Por último, la seguridad ciudadana debe ser una prioridad, con una arquitectura institucional que promueva la convivencia y el orden, la prevención de la delincuencia juvenil y el ataque frontal al crimen organizado.
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