La definición sobre dónde debe haber minería o cualquier otra actividad económica, debe hacerse con base en información técnica y con un amplio debate público sobre planes de macro ordenamiento regional que deberían elaborar las CAR en conjunto con las autoridades locales. Una vez definidos los usos del suelo, cada proyecto debería pasar por una instancia de participación ciudadana (Consejos Verdes). Adicionalmente los municipios además de liderazgo, voz y decisión en las decisiones ambientales que afectan su territorio, deberían recibir regalías ambientales para su conservación.
Colombia es el segundo país con mayor número de conflictos socio-ambientales en el mundo según el Environmental Justice Atlas. Conflictos que encuentran su raíz en la falta de diálogo y comunicación entre los diferentes actores que intervienen en un proyecto que tiene el potencial de generar impactos graves sobre el medio ambiente.
El problema está en que no se ha tomado una decisión responsable a nivel nacional que defina los usos del suelo teniendo en cuenta la biodiversidad, ecosistemas y vocación de cada territorio y tampoco hay en la legislación actual espacios de participación que permitan el diálogo y discusión entre los diferentes actores. Los mecanismos que hay actualmente se limitan a la mera socialización de los proyectos.
Por eso cuando las comunidades quieren expresar sus observaciones frente a los mismos no encuentran un espacio en el que sean considerados interlocutores válidos y terminan acudiendo por ejemplo a Consultas Populares que crean falsas expectativas en las comunidades. Decimos esto porque el debate termina desviándose hacia un tema de competencias, sobre quién puede decidir sobre los usos del suelo y quién sobre el subsuelo y no se concentra en el problema mayor que es la protección ambiental.
Por esto, la Alianza Verde radicó el pasado 22 de abril dos proyectos de ley: el primero crea los Consejos Ambientales Municipales para garantizar la participación activa y eficaz de las comunidades frente a proyectos mineros, de hidrocarburos, de infraestructura, entre otros, que tienen el potencial de generar un daño ambiental en su territorio.
Este proyecto propone la creación de los Consejos Ambientales Municipales como espacio de participación, conformado por una mayoría ciudadana, que durante el proceso de licenciamiento ambiental deberá presentar un informe de observaciones y recomendaciones, desde su conocimiento local, a la autoridad ambiental competente del licenciamiento (ANLA o Corporaciones Autónomas Regionales según sea el caso) para que ésta tome una decisión informada al momento de otorgar o negar la licencia ambiental. Este proyecto propone unos tiempos claros y un procedimiento paralelo al del licenciamiento para que tanto las empresas como las comunidades tengan las reglas de juego claras desde el principio. Este proyecto de ley es el No. 59 de 2015 y actualmente se encuentra en comisión quinta de Cámara de Representantes a la espera de primer debate.
La segunda propuesta de la Alianza Verde es un proyecto de ley que crea las Regalías Ambientales como instrumento económico de compensación para los municipios por la conservación y uso sostenible de su patrimonio natural. Este proyecto de ley se presenta como una alternativa de desarrollo sostenible a largo plazo para aprovechar de manera sostenible los recursos naturales del segundo país con mayor biodiversidad del mundo y que así los municipios dejen de ver su patrimonio natural como una carga.
Si los municipios hoy pueden “vivir” de explotar sus recursos naturales no renovables, minerales e hidrocarburos, y recibir unas regalías por eso, la propuesta es que también puedan vivir de la conservación de sus ecosistemas. Más si se tiene en cuenta que el 90% de los municipios más afectados por el conflicto son áreas de altísima relevancia ecológica, según Naciones Unidas.
Proponemos que del Presupuesto General de la Nación, a través del FONAM (Fondo Nacional Ambiental) se destine recursos, primero, para compensar el predial a los municipios con áreas protegidas en su jurisdicción y segundo, para compensar a privados que desarrollen proyectos de conservación ambiental y uso sostenible. Este tipo de medidas responde, además, a las observaciones de Naciones Unidas sobre la búsqueda de alternativas económicas en el posconflicto.
