El día que unas dos millones de firmas llegaron a la sede de la Alianza Verde, solicitando que se hiciera una consulta anticorrupción, nadie lo podía creer. Era julio de 2017 y quedaban pocos días para poder presentar las firmas ante la Registraduría Nacional y así aprobar la realización de la consulta. Los integrantes del partido llevaban unos seis meses en la calle recogiendo firmas, hasta entonces habían recogido cerca de dos millones, y eran muy pocos los que dentro del partido creían que la meta que se habían puesto, de cinco millones de firmas, se pudiera lograr. Ese día, entre sobres de correo y firmas virtuales, 4.236.681 ciudadanos le entregaron su firma a la iniciativa. Cuatro millones de colombianos que querían ir a las urnas a acabar con la corrupción.
“Esa escena fue muy bonita. Nosotros estábamos en el partido súper angustiados, pensando que no lo íbamos a lograr, y empiezan a llegar cajas y cajas de gente que sin conocernos nos habían mandado las firmas. No lo podíamos creer. Ahí nos dimos cuenta de que se podía lograr. De solo ver las cajas nos abrazábamos y decíamos, sí se va a poder”, dice Carlos Parra, actualmente candidato al Concejo de Bucaramanga por la Alianza Verde.
Ese día, Carlos Parra y muchos otros miembros del partido vieron la posibilidad de que arrancara un proyecto que ya habían visto frustrado antes unas siete veces.
El trabajo había iniciado en 2014: Carlos Parra, parte del equipo de trabajo de la entonces representante a la Cámara Angélica Lozano, y Felipe Jiménez, del equipo de la entonces senadora Claudia López, redactaron un proyecto de ley de “transparencia legislativa”. El proyecto buscaba hacer públicos ciertos aspectos del Congreso, como las votaciones, la rendición de cuentas y la asistencia a sesiones de los congresistas.
Durante poco más de dos años, ese proyecto de ley se presentó cuatro veces, unas en Senado, otras en Cámara. Las cuatro veces se cayó.
La pelea se dio también por otros dos frentes, otros dos proyectos de ley: en 2015, el equipo de Angélica Lozano presentó un proyecto de ley para bajarle el sueldo a los congresistas; en 2016, el equipo de Claudia López presentó uno de “presupuestos participativos”, o “antimermelada”, que proponía que el uso de los presupuestos se hiciera de forma pública. El primero se presentó y rechazó dos veces. El segundo una vez.
“Más o menos el 28 de diciembre de 2016 le dije a Angélica que nos habían negado el proyecto, que ya paila. (…) Ella me preguntó que qué hacíamos. Estaba muy triste, yo también, ella lloró y todo. Eran años de trabajo que no habían servido para nada”, dice Parra.
La solución era la ciudadanía. La única forma de que el Congreso se hiciera cargo del tema era si los ciudadanos se lo demandaban. No fue una idea espontánea, ya en el país se cocinaba una indignación hacia la corrupción que estaba a punto de reventar. Mientras discutían qué hacer, por ejemplo, se enteraron de que un joven en Pasto había iniciado una iniciativa para hacer un referendo con puntos muy similares a los que luego harían parte de la consulta anticorrupción, cuenta Parra. Apenas un par de semanas después de la desilusión de que ningún proyecto de ley hubiera prosperado, empezaron a trabajar en la siguiente propuesta: la consulta anticorrupción.
“Cuando a ti sistemáticamente te hunden proyectos de ley, la única forma que tiene la ciudadanía para hacerse valer es salir a la calles, recoger firmas y obligar al Congreso a que haga lo que no ha hecho. La consulta fue una necesidad ciudadana, eso no fue del Verde, ni de Claudia ni de Angélica”, dice Felipe Jiménez, otro de los integrantes del partido que ha vivido la historia desde el comienzo.
Todo el proceso de la consulta, desde la recolección de firmas hasta las votaciones en las urnas, es una prueba de que ese proceso se dio gracias a la fuerza y a la voluntad de la ciudadanía. Así lo ven Parra y Jiménez, quienes aseguran que la presencia ciudadana excedió incluso las expectativas de muchos miembros del partido. Así lo demostraron las cajas llenas de firmas que recibieron con sorpresa en julio de 2017 en la sede del partido y los 11.674.951 votos que tuvo la consulta el 26 de agosto de 2018.
Sin embargo, en medio de ese proceso de movilización ciudadana, no faltaron los obstáculos por parte de congresistas que aseguraban que era un mecanismo de “politiquería”, un trampolín electoral, una iniciativa innecesaria para aprobar algo que el Congreso podía hacer solo. También estuvieron los proyectos de ley que el partido del Centro Democrático presentó, que parecían ser similares a los puntos de la consulta, y que los integrantes de ese partido decían que era mejor apoyar en lugar de la consulta.
Sobre todas las oposiciones, la consulta salió adelante. No obstante, en el conteo de los votos llegó la siguiente mala noticia: faltaron 400.000 votos para lograr los 12 millones necesarios para aprobar la consulta.
A pesar del resultado, una semana después de la votación se radicaron en el Congreso varios proyectos de ley que presentaban lo propuesto en los puntos que se habían votado en la consulta. La pronta radicación fue en parte resultado de un encuentro que se hizo en la Casa de Nariño, en agosto de 2018, con el recién electo presidente Iván Duque y con miembros de varios partidos políticos.
“Ese día firmaron un acuerdo contra la corrupción. Todos firmaron un gran póster que tiene todas las firmas de los políticos presentes. La estrategia acordada ese día fue que el presidente Duque le iba a dar urgencia a los proyectos. Pero eso no pasó, no le dieron trámite de urgencia. Nos mintieron”, dice Felipe Jiménez.
Hoy, después de un año y a punto de cerrarse el año legislativo del Congreso, cuatro de las siete propuestas de la consulta han sido rechazadas, incluyendo el proyecto de ley que buscaba eliminar el beneficio de casa por cárcel para corruptos, que se terminó de hundir el pasado jueves. De los siete puntos de la consulta anticorrupción sobreviven tres: la contratación transparente obligatoria —tercer punto—, la rendición de cuentas —quinto punto— y la publicación de la declaración de renta y de los conflictos de interés —sexto punto—.
“Uno de los argumentos que nos decían los que se oponían a la consulta es que no era necesaria porque el Congreso podía hacerlo sin consulta. Lo que estamos viviendo hoy es precisamente eso, lo que hace el congreso sin la consulta, o sea nada. Inactividad total”, asegura Carlos Parra.
Para Carlos Parra y para Felipe Jiménez estos cinco años de trabajo han sido una sucesión de alegrías y de frustraciones, de ver a la ciudadanía uniéndose para rechazar la corrupción y del Congreso haciendo oídos sordos a esas demandas.
“Da mucha rabia, pero de pronto lo más bonito fue que la gente se puso de acuerdo. No lo hicimos con la paz, con el plebiscito, pero esta consulta sí logró unir a los colombianos. Tal vez una de las cosas que más nos une es estar mamados de la corrupción”, dice Felipe Jiménez.
Para los dos, este nuevo golpe que recibe la lucha contra la corrupción no es un desincentivo para seguir trabajando en el tema. Carlos Parra, por ejemplo, quien es candidato al Concejo de Bucaramanga, propone aplicar los mismos puntos de la consulta en el concejo de esa ciudad. “En últimas esto se convierte en una causa. Listo, no pudimos en el congreso entonces ahora lo vamos a hacer en Concejo. Listo, no pudimos mediante proyecto, ahora vamos a hacerlo por consulta popular. Y así. Se convierte en una razón de activismo”, asegura.
Felipe Jiménez también piensa que a pesar de sumar otra frustración más a la lista, el trabajo debe seguir, sobre todo porque es la ciudadanía la que está indignada y la que sumó fuerzas para hacerse escuchar. “Yo creo que uno puede estar muy frustrado, pero estos proyectos hay que volverlos a radicar y salir a las calles. Son luchas que hay que seguir dando. Hay que seguir insistiendo. Eso es lo importante”, asegura.
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