Crédito: Foto de Juan Carlos Pachón
Nuestras denuncias avanzaron en la justicia y sacamos adelante la Ley de Inspección y Vigilancia de la Educación Superior
Aunque la matrícula en educación superior se duplicó en las últimas décadas, unos dos millones de bachilleres, especialmente de zonas rurales de familias de bajos ingresos, no acceden a la universidad. Y de los dos millones de jóvenes que sí acceden a un cupo, unos 500.000 estudian en universidades de muy baja calidad, la mayoría privadas, porque no hay cupos suficientes y de calidad en la universidad pública.
Los negociantes de la educación superior privada se enriquecen ilegalmente explotando la necesidad de esos jóvenes y con la complicidad del gobierno, que no los vigila y en cambio sí les financia su bajo desempeño. Vía ICETEX, el gobierno les desembolsa $2,94 billones (cifras a junio de 2014) a universidades y programas privados de pésima calidad mientras que desfinancia la universidad pública. ¡Estamos decididos a acabar con la educación como un negocio y fortalecer la educación pública!
Desde nuestra campaña y en debates de control político de la Alianza Verde en el Senado, denuncié a los negociantes de la educación superior. Entregamos al Ministerio de Educación y a la Fiscalía las pruebas que demostraban cómo la familia Alvear se enriquecía desfalcando a los 23.000 estudiantes de la Universidad San Martín, las maniobras de la familia Contti para desfalcar a alumnos de la Universidad Incca, y el nepotismo y corrupción en universidades públicas como la Distrital, la UNAD y la Tecnológica de Pereira, entre otras.
Para evitar que casos como esos sigan ocurriendo con total impunidad, apoyamos en el Congreso las medidas tomadas por la Ministra de Educación para intervenir la Universidad San Martín. También votamos a favor de la Ley de Inspección y Vigilancia Educativa, que le da al Ministerio de Educación herramientas preventivas para evitar que la autonomía universitaria se use como excusa para estafar jóvenes y enriquecer avivatos. La ley respeta y protege la autonomía universitaria para lo que es: la libertad de cátedra, de creación y la administración autónoma de los recursos para cumplir los fines de la educación con calidad, pero también le da facultades al Ministerio para intervenir cuando esos fines de la autonomía y la educación se violen.
Esas facultades seguramente serán de corto plazo, dado que el gobierno presentará al Congreso este año una Ley que crea la Superintendencia de Educación, con lo cual se espera crear un órgano técnico y autónomo que pueda encargarse de la inspección y vigilancia de toda la educación, para que el Ministerio pueda concentrarse en la planeación, apoyo e inversión en la educación de calidad. De nuestra parte, presentaremos una propuesta de reforma integral a la Ley 30 para asegurar un sistema equitativo de financiación y fortalecimiento de la universidad pública en todas las regiones.
Por eso en nuestra rendición de cuentas en diciembre de 2014 afirmamos que el “2015 será el año en el que con una estrategia clara, fuentes de financiación, instituciones adecuadas y nuestra vigilancia meteremos en cintura a los negociantes de la educación y empezaremos a garantizar una educación superior de calidad para todos”.
