El panorama de seguridad en Colombia enfrenta una amenaza creciente impulsada por el desborde en la producción de cocaína, que desde el año 2020 ha alcanzado niveles históricos sin una respuesta efectiva por parte del Estado. Cada kilo de droga producido representa un flujo constante de recursos que las organizaciones mafiosas utilizan para la compra de armamento sofisticado, el reclutamiento forzado de niños y niñas, y el sostenimiento de estructuras criminales que someten a comunidades enteras. Esta bonanza de las economías ilícitas se traduce directamente en violencia y desplazamientos masivos, especialmente en las zonas rurales donde los grupos armados se disputan las rentas del narcotráfico. Mientras el músculo financiero de la mafia se fortalece, la política de Paz Total del gobierno actual muestra un balance nulo en términos de desmovilización real, permitiendo que los delincuentes se lucren bajo la sombra de un cese al fuego que solo ha servido para su expansión territorial.
Frente a este escenario crítico, la solución no puede ser la pasividad ni la concesión de beneficios políticos a quienes se enriquecen con el dolor de los colombianos. Nuestra propuesta se basa en golpear de manera contundente las finanzas criminales mediante una fiscalía y un comando antimafia de élite que persiga el dinero y las rutas de exportación, quitándole a los violentos su capacidad de compra y reclutamiento. Es imperativo recuperar el control del territorio con una Fuerza Pública respaldada y tecnificada, que proteja a los ciudadanos en lugar de observar cómo la criminalidad se apodera de sus vidas. La paz se logra asfixiando las rentas de la mafia y ofreciendo oportunidades reales de educación y trabajo para los jóvenes, asegurando que el Estado, y no el narcotráfico, sea quien dicte el futuro de nuestras regiones. No permitiremos que el país siga retrocediendo mientras la mafia se fortalece a costa de la tranquilidad de todos los colombianos.
