En sesión conjunta de las comisiones primera de Cámara y Senado, comenzó hoy la discusión de la reforma a la ley de orden público que propone el gobierno nacional de cara a la fase final del proceso de paz con las Farc.
El gobierno pedirá derogar la prohibición de establecer zonas de concentración para grupos armados ilegales y restablecer su facultad de levantar las órdenes de captura contra miembros de la guerrilla.
Ver el texto propuesto por el gobierno.
La senadora Claudia López señaló que esta es la oportunidad para evitar errores del pasado: «Esta vez no podemos caer en un despeje como el de las Farc en el Caguán ni en un relajo como el que resultó con los paramilitares en Santa Fe de Ralito», advirtió.
Por eso López propondrá que cuando el Gobierno nacional cree esas zonas, aclare las condiciones específicas en las que funcionarán.
Específicamente deberá informar la delimitación geográfica, la manera como se asegurará el funcionamiento normal de las autoridades civiles, de policía y militares en estas zonas; el rol que en ellas desempeñarán las instancias nacionales e internacionales de verificación; y las condiciones y compromisos de las partes para establecer, mantener y terminar esas zonas.
De acuerdo con López, hasta el momento la propuesta gubernamental es bastante escueta, y resaltó que este proyecto «no tiene ni una página de sustentación de motivos», lo cual calificó como «una mala entrada». «El gobierno debe venir preparado a este debate con argumentos bien fundamentados. Ellos no están en condiciones de pedirle al Senado un cheque en blanco. Su obligación es explicar en detalle en dónde y cómo se establecerá esta zona de concentración, y sobretodo cómo se garantizará la protección de los derechos de los ciudadanos en esas zonas».
Escuche las declaraciones completas de la senadora:
Sobre el otro elemento de la discusión que comenzará el míércoles, el levantamiento de las órdenes de captura, López advirtió que «aunque el riesgo de colados siempre existe, la diferencia entre este proceso y el de justicia y paz, es que la Fiscalía tiene un mejor registro de antecedentes de miembros de las FARC y es por esto que será más difícil que entren otros delincuentes».
La bancada de la Alianza Verde ratificó su respaldo al proceso de paz, pero con un criterio independiente. En este caso, prometió López, será acuciosa en el análisis del impacto político, social, económico y de orden público que se derive del establecimiento de estas zonas.
«Nosotros hemos apoyado y seguiremos apoyando todos los temas relacionados con la paz, entendemos que el Gobierno necesita estas facultades, pero también vamos a debatir con el Gobierno cómo piensa garantizar que los ciudadanos reciban protección y que no se dé lugar a abusos», concluyó la Senadora verde .
