El segundo gobierno de Juan Manuel Santos comenzó con un tono luctuoso para la libertad de prensa: el periodista Luis Carlos Cervantes fue asesinado ayer, 12 de agosto, en el municipio de Tarazá, Antioquia. Desde 2012 el comunicador era objeto de amenazas por su trabajo periodístico para la radio comunitaria Morena FM y como corresponsal de Teleantioquia.
La Unidad Nacional de Protección sostuvo en un comunicado que le retiró el esquema de seguridad el pasado 24 de julio porque «no había nexo causal entre las amenazas recibidas por el señor Cervantes y su labor como periodista», según un comunicado publicado por el director de esa entidad, Andrés Villamizar.
Al respecto, la senadora del Partido Alianza Verde, Claudia López, conminó a revisar los parámetros para retirar los esquemas de seguridad a periodistas amenazados, especialmente en zonas donde el conflicto está en auge como el Bajo Cauca antioqueño.»Los periodistas a veces son los únicos veedores ciudadanos con los que cuentan las comunidades en regiones violentas», afirmó López Hernández. Y agregó «también son los más vulnerables».
Según el propio Cervantes, en Tarazá desde 2009 se han silenciado los medios informativos y de nueve emisoras que existían solo queda solo una que erradicó los espacios noticiosos de su programación por las continúas amenazas de grupos armados ilegales.
Organizaciones de derechos humanos, como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), informaron que Cervantes presentó cinco denunciadas ante la Fiscalía, las cuales «no fueron investigadas adecuadamente».
