APUESTAS REGIONALES
Por la nueva historia de una Colombia imparable
Inversión regional sin corrupción: haciendo alianzas directas con las comunidades, alcaldes y gobernadores para garantizar agua y alcantarillado, energía barata y 600.000 viviendas de interés social con vías, colegios, manzanas del cuidado, y transporte público, de carga y multimodal.
La apuesta por una Colombia Imparable se materializa en los territorios a través del Acuerdo por la Autonomía y el Desarrollo Regional, el cual busca potenciar a las regiones como protagonistas del desarrollo nacional mediante una descentralización efectiva del poder y los recursos.
Esta estrategia responde a la necesidad de superar el estancamiento de la productividad y cerrar las brechas de desigualdad territorial, transformando al Estado en un socio habilitador que dinamiza la inversión inteligente desde lo local. Para lograrlo, se propone un modelo de gobernanza basado en la creación del DPR y el Fondo de Convergencia Regional, donde la estructuración técnica de proyectos y la priorización a través de presupuestos participativos regionales garanticen que la inversión responda a las vocaciones productivas y realidades específicas de cada territorio. Se implementará un programa nacional de vías terciarias y secundarias mediante paquetes de obras atados a las concesiones de las grandes vías nacionales, asegurando su mantenimiento y reduciendo los costos de transporte para los productores rurales.
REGIÓN CARIBE
La Guajira, Cesar, Atlántico, Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba y Urabá
La región Caribe se consolidará como el epicentro de la transición energética y la reindustrialización de Colombia, al concentrar el portafolio nacional de energía solar de entrada rápida y el mayor potencial eólico en La Guajira. La apuesta productiva se centra en diversificar la matriz mediante la entrada de proyectos de fuentes renovables, utilizando el gas natural como combustible de transición estratégica para asegurar el respaldo térmico y la confiabilidad del sistema ante eventos de sequía. El Estado actuará como facilitador de la inversión y agilizará los trámites ambientales y de consulta previa, particularmente para proyectos críticos de transmisión, asegurando que el potencial energético se transforme en oferta real.
Para resolver estructuralmente el alto costo de las tarifas eléctricas, se implementará un modelo de inversión directa en la infraestructura. Se destinarán las regalías regionales para financiar la reposición y modernización de postes, transformadores y cableado obsoleto, garantizando que estos costos de infraestructura y mantenimiento no se carguen a las tarifas que pagan las familias y usuarios finales. Esta medida busca proteger la economía de los hogares más vulnerables y mejorar la competitividad de las empresas locales, eliminando los apagones y garantizando energía abundante y barata para el desarrollo regional.
En materia de industrialización, se fomentará la relocalización de industrias mediante la creación de un clúster Caribe de transición energética. El objetivo es atraer inversiones para la fabricación local de componentes como paneles solares y turbinas eólicas, aprovechando la articulación con el sector minero y la plataforma logística de los puertos de Cartagena y Barranquilla hasta Puerto Antioquia en Urabá. La competitividad logística se reforzará con el mantenimiento y dragado permanente del río Magdalena para asegurar su navegabilidad, y la rehabilitación del corredor vial Urabá-Montería, la transversal desde el Catatumbo, pasando por el sur de Bolívar hasta Urabá, integrando la producción regional con los mercados nacionales e internacionales.
El cierre de brechas sociales tendrá como prioridad la provisión de agua potable y saneamiento básico, infraestructura esencial para la salud pública. Se ejecutarán proyectos prioritarios de acueducto y alcantarillado en las capitales y municipios del Caribe como Riohacha, Santa Marta y los municipios de la ribera del Magdalena, como Santana, Plato, Calamar, entre otros, además de zonas críticas en Sucre, Córdoba y Urabá.
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
San Andrés, Providencia y Santa Catalina se consolidarán como un territorio estratégico para la protección del mar Caribe y la biodiversidad insular, con un modelo de desarrollo centrado en la economía azul, el turismo sostenible, la conservación ambiental, y el cierre de brechas históricas. Se protegerá la Reserva de la Biósfera Seaflower, que alberga el tercer arrecife de coral más grande del mundo, fortaleciendo el papel de las comunidades locales como guardianas del ecosistema marino. La defensa del patrimonio ambiental y cultural del archipiélago es también una forma de afirmar la soberanía del país desde el cuidado del territorio y la presencia efectiva del Estado.
El desarrollo económico de las islas estará basado en la economía azul, la bioeconomía y un turismo sostenible, como ejes para generar empleo y diversificar ingresos sin comprometer la integridad ambiental. La protección de los ecosistemas marinos y costeros permitirá fortalecer actividades productivas como la pesca artesanal sostenible, el turismo de naturaleza, y nuevas oportunidades asociadas a la investigación científica y los servicios ecosistémicos marinos. La economía azul será el principal motor de desarrollo productivo del archipiélago, orientada a que el valor generado por el mar permanezca en el territorio y beneficie directamente a sus comunidades.
El turismo se potenciará como un instrumento de desarrollo sostenible, con una planificación que equilibre la actividad económica, la capacidad de carga ambiental y la vida cotidiana de los habitantes. Se priorizará la inversión en infraestructura turística básica y funcional que mejore la experiencia de los visitantes, proteja los ecosistemas y fortalezca el emprendimiento local, asegurando que el crecimiento del sector no reproduzca desigualdades ni deteriore el entorno natural y cultural de las islas.
Para cerrar las brechas sociales y territoriales que afectan al archipiélago, la inversión pública se orientará a mejorar de manera sostenida las condiciones de bienestar y el acceso a servicios públicos, con enfoque intercultural. El desarrollo debe traducirse en mejoras concretas en la calidad de vida de su población, reduciendo desigualdades históricas y garantizando que la protección ambiental y el crecimiento económico se reflejen en oportunidades reales para las familias, especialmente para las comunidades raizales.
LLANOS Y ORINOQUÍA
Arauca, Casanare, Meta y Vichada
La región de los Llanos y la Orinoquía se consolidará como el epicentro del desarrollo agroindustrial y la seguridad alimentaria de Colombia, aprovechando su frontera agrícola. La apuesta productiva se centra en la diversidad de cultivos, incluyendo soya, maíz, arroz, cacao y piscicultura, y el aprovechamiento de productos de la bioeconomía como el cacay y el moriche, siempre garantizando y protegiendo la riqueza hídrica y biodiversidad de la altillanura. Este modelo rechaza el monocultivo y prioriza la transformación de la ganadería expansiva hacia sistemas silvopastoriles sostenibles de carne y leche, integrando la conservación de ecosistemas estratégicos como humedales y morichales en paisajes productivos biodiversos.
Para garantizar la competitividad logística, se ejecutará un plan de conectividad transversal que integre la región con el interior del país y el suroccidente. Las prioridades incluyen la culminación de la Vía de la Soberanía para conectar los Santanderes con Arauca y Boyacá, el mejoramiento de la infraestructura del aeropuerto de Villavicencio y la rehabilitación de los corredores viales de la vía al Llano, la transversal de Cusiana y la transversal del Sisga, el puente la Poyata para conectar Maní con Puerto López y Puerto Gaitán y la transversal de la Orinoquía al Pacífico.
El Estado actuará como garante de la inversión mediante la seguridad jurídica de la tierra, implementando un plan masivo de formalización predial y la actualización del catastro multipropósito para facilitar el acceso al crédito y programas estatales. Las realidades productivas regionales y los modelos asociativos fiduciarios serán claves para dar escala a la inversión sin vulnerar derechos campesinos, quienes tendrán la calidad de socios en los proyectos de desarrollo agroindustrial. Asimismo, se implementará un modelo de asistencia técnica, crédito barato y precio de compra garantizado para las cosechas, asegurando que los campesinos y dueños de la tierra participen como socios directos de la creación de valor.
AMAZONÍA
Amazonas, Guainía y Vaupés
La región de la Amazonía se define como el eje central de la conservación y la bioeconomía de Colombia, al albergar la selva mejor protegida del país. La apuesta productiva se fundamenta en el fortalecimiento de la autonomía de las comunidades indígenas, la reglamentación y operación de las entidades territoriales indígenas, cuya existencia y gestión ha sido clave para la preservación de este ecosistema.
Las recientemente creadas entidades territoriales indígenas, o ETIs, ofrecen una oportunidad única para la implementación efectiva de una visión diferente del desarrollo en la región amazónica, pero la autonomía sin presupuesto ni capacidad institucional es demagogia. Sean municipios o ETIS, es hora de que en todo el territorio pasemos del decreto a la gerencia pública, a través de una ruta de adecuación institucional donde las ETI tengan competencias claras y, sobre todo, presupuesto condicionado a indicadores de resultados y transparencia.
En la Amazonía, la seguridad es fundamental, por lo que desarticularemos las redes de financiación de la minería ilegal y el narcotráfico, yendo más allá de la captura de eslabones débiles.
Fortaleceremos los programas que ofrecen ingresos a campesinos e indígenas por la conservación de la selva y la restauración de áreas degradadas, lo cual es clave para combatir la deforestación y los cultivos ilícitos.
Se impulsará la investigación científica para la bioeconomía y el fomento de un ecoturismo responsable que potencie la riqueza biológica y cultural de los resguardos y malocas sin comprometer la integridad de la selva. Potenciaremos el
turismo científico y cultural, centrándonos en destinos emblemáticos como los Cerros de Mavecure (Guainía), el resguardo de Ceima Cachivera (Vaupés) y la Maloca Ipanoré en Mitú (la más grande de América).
Para financiar la sostenibilidad de la región, se implementará un mercado robusto de bonos de carbono a nivel global y esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA). Se establecerá un mecanismo de justicia climática interregional donde, por ejemplo, la región Andina, cuyo suministro de agua depende un 24% de la humedad generada por la selva amazónica, retribuya económicamente a las comunidades indígenas por la protección de los servicios ecosistémicos.
El Estado actuará como garante de estos flujos financieros, asegurando que se traduzcan en inversión directa para el bienestar social y la protección de la estructura ecológica principal y de las comunidades indígenas.
Se priorizará la modernización del aeropuerto de Inírida y la construcción de infraestructura portuaria digna, transformando los embarcaderos de Leticia y del río Vaupés en Mitú en nodos logísticos eficientes que reemplacen las instalaciones precarias actuales. Estas obras son esenciales para soportar la navegabilidad y la economía local, el crecimiento de la bioeconomía y el ecoturismo científico y cultural, permitiendo que la región se conecte de manera sostenible con los mercados nacionales e internacionales.
SUR ORIENTE Y PIEDEMONTE AMAZÓNICO
Tolima, Huila, Caquetá, Guaviare y Putumayo
La apuesta central para el Piedemonte Amazónico y el Sur es la transformación productiva hacia un modelo de desarrollo ganadero silvopastoril y sostenible, agroindustrial de calidad y ecoturismo sostenible. Se priorizará la transición de una ganadería expansiva y deforestadora hacia sistemas silvopastoriles, integrando la productividad con la conservación de la naturaleza y el ingreso de las familias rurales. La región cuenta ya con una base productiva diversa, frutales, arroz, piscicultura y café, que debe fortalecerse mediante cadenas agroalimentarias de valor agregado y con potencial exportador. El desarrollo agropecuario impulsado en el sur del Tolima es de los pocos ejemplos de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) exitosos que debe fortalecerse y llevarse a otras regiones.
La región potenciará sus activos naturales y arqueológicos únicos, como los vestigios de San Agustín, la Puerta de Orión, las cascadas y el nacimiento y desembocadura de sus ríos como el Magdalena y el Guaviare, convirtiéndolos en motores de una economía basada en navegabilidad y biodiversidad que brinde alternativas legales y dignas frente a las economías ilícitas.
Para enfrentar la crisis ambiental en los departamentos del piedemonte amazónico que registran algunas de las tasas de deforestación más altas del país, se aumentarán los recursos para la defensa de los Parques Nacionales Naturales estratégicos. Se implementarán planes de restauración ecológica para áreas degradadas con participación comunitaria y financiamiento mixto, además de una revisión de las Zonas de Reserva Forestal para asegurar su uso sostenible y protección efectiva. El objetivo es consolidar corredores biológicos que aseguren la conectividad ecológica entre los Andes y la Amazonía, protegiendo el patrimonio natural del sur colombiano.
La competitividad de la región dependerá de la recuperación de la seguridad y la mejora de la infraestructura estratégica. Es necesario garantizar que la vía Florencia-Suaza-Pitalito, y Pasto-Mocoa-Pitalito, entre otras, se terminen y funcionen de manera óptima, y que San José del Guaviare logre una conexión efectiva. El Estado actuará con firmeza para recuperar el control territorial frente al crimen organizado, protegiendo a los líderes y productores que impulsan el desarrollo legal. La infraestructura rural se fortalecerá mediante un programa nacional de vías terciarias y secundarias, que reduzca los costos de transporte y permita que los productos del piedemonte lleguen de manera competitiva a los mercados nacionales.
PACÍFICO Y SUROCCIDENTE
Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca
La prioridad para el Pacífico y el Suroccidente colombiano es la recuperación de la seguridad y el control territorial frente a la criminalidad organizada y el narcotráfico, factores que hoy mantienen en zozobra a las comunidades de Chocó, Valle, Cauca y Nariño. El Estado actuará con firmeza mediante la creación de una Fiscalía Antimafia con justicia implacable para desmantelar las rentas criminales y asegurar la libre circulación permanente por la Vía Panamericana, hoy afectada por bloqueos e inseguridad constante. Se fortalecerá la presencia institucional en zonas críticas, garantizando que el Estado proteja de manera prioritaria a las familias y organizaciones sociales. Concretar la vía Timbío el Estanquillo y el Estanquillo a Pasto es una prioridad no solo regional sino nacional.
En el Pacífico tenemos que lograr sustituir las economías ilegales por bionegocios, turismo sostenible, economía forestal y pesca responsable. Para lograrlo, tenemos que fortalecer a la fuerza pública, proteger a las comunidades del reclutamiento forzado y el control de grupos armados e invertir en formación técnica específica para jóvenes de la región en áreas de tecnología, bioeconomía, y servicios ambientales, gastronómicos y turísticos.
En el ámbito social, se ejecutará un plan de choque para el cierre de brechas en agua potable, saneamiento básico y electrificación. La inversión nacional regionalizada se enfocará en garantizar agua limpia y el entubamiento de aguas negras para eliminar el impacto fétido de las alcantarillas abiertas que afecta la dignidad y salud de los habitantes. Esta infraestructura se integrará a un Sistema Nacional de Salud y Cuidado que priorice la prevención y la equidad territorial, reconociendo la diversidad cultural de los pueblos afro e indígenas.
Con liderazgo nacional y global el desarrollo de esta región se enfocará en la protección del Pacífico biogeográfico y sus ecosistemas marinos. La apuesta productiva se centra en la bioeconomía y la investigación científica para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, junto con el impulso al ecoturismo y la agroindustria de exportación. Se buscará atraer inversión extranjera directa y “empresas ancla” que transfieran
tecnología a las pymes locales, facilitando que los productos de la región accedan a mercados internacionales.
Concretar y dar estabilidad a proyectos como el poliducto y la regasificadora del Pacífico, el Tren de Cercanías del Valle del Cauca y la transversal desde la Orinoquia hasta el Pacífico son deudas que cumpliremos con esta región.
REGIÓN CENTRAL Y SANTANDERES
Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander, Norte de Santander
La Región Central, Antioquia, el Eje Cafetero y los Santanderes se proyectan como el motor de la economía del conocimiento, la tecnología, los servicios y la logística avanzada para superar el estancamiento de la productividad nacional. La apuesta productiva se basa en atraer “empresas ancla globales” que transfieran tecnología avanzada a las pequeñas y medianas empresas locales, fortaleciendo los clústeres regionales de tecnología, servicios, logística y exportación, que pueden desarrollar para todo el país un ecosistema de GovTech para digitalizar trámites, automatizar pagos y eliminar requisitos notariales innecesarios, facilitando un entorno de negocios ágil y transparente. Además, se potenciará el turismo de aventura y el ecoturismo en Santander y del paisaje cultural cafetero, integrando a los productores locales en cadenas de valor internacionales.
Para garantizar la competitividad, se ejecutará un plan de infraestructura que prioriza la rehabilitación de las vías secundarias y terciarias, las cuales presentan un rezago crítico en su estado actual. Se implementará un modelo de contratación donde el mantenimiento de estas vías rurales esté atado a las concesiones de las grandes autopistas nacionales, en los corredores entre Bucaramanga, San Gil, Duitama, Tunja y Bogotá, al igual que en las vías del café, la doble calzada Pamplona a Bucaramanga, la troncal Tibú, Convención, la Mata, entre otras. Esta estrategia se complementará con la creación de nodos de acopio, logística y centros de frío regionales para reducir las pérdidas de productos y bajar los costos de transporte, logística y exportación. El objetivo es conectar efectivamente las ciudades intermedias como nodos estratégicos del desarrollo que vinculen lo rural con lo urbano.
La continuidad de grandes proyectos carreteros como el túnel del Toyo y las vías de Medellín hasta Urabá y Quibdó, así como los proyectos férreos de carga como el corredor férreo del norte, mixtos como el corredor férreo de Belencito a Bogotá y Soacha, y de pasajeros como las próximas líneas del metro de Bogotá y los Regiotram de la Región Metropolitana de Bogotá y del Valle de Aburrá son proyectos estratégicos nacionales a los que daremos continuidad y estabilidad.
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