Este Proyecto de Ley tiene como propósito modificar la Constitución Política para mejorar el funcionamiento de los Organismos de Control del Estado e impedir la reelección tanto en estos funcionarios como los de las Altas Cortes.
Por un lado, se busca limitar el periodo del Procurador General de la Nación para impedir su reelección e imponer inhabilidad para ejercicio de algunos cargos públicos por un periodo de cinco años posteriores al ejercicio del propio. Esta misma medida también sería aplicable para quienes se desempeñen como Fiscal General de la Nación, Controlar General de la República, magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado o del Consejo Superior de la Judicatura.
Según el proyecto presentado el mismo día de la posesión del congreso, «La idea es que quien se haya desempeñado en alguno de estos cargos no pueda ejercer los demás sino luego de 5 años del vencimiento del periodo. El propósito de esta modificación es doble: por un lado, que estos funcionarios no desempeñen sus funciones con el objetivo de incidir en su elección para otra corporación o entidad, y por otro lado, que no pretendan utilizar sus funciones de manera que las pongan al servicio de intereses electorales».
Este proyecto modificaría los artículos 233 (Altas Cortes), 249 (Fiscal General de la Nación), 254 (Consejo Superior de la Judicatura), 267 (Contraloría General de la República) y 276 (Procuraduría General de la Nación) de la Constitución Política.
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