“Si seguimos poniendo plata pública para que los estudiantes se formen en universidades que no son de alta calidad, estamos yendo en contravía de las metas de educación que se plantean en el país”. Esas son las palabras del senador Antonio Navarro Wolff, quien expresa su inmensa preocupación por la cantidad de créditos del Icetex destinados a instituciones de educación superior, privadas en su mayoría, que no cuentan con programas de alta calidad.
De la cartera del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior ($2,94 billones a junio de 2014), el 60% está destinado a estudiantes de universidades que no están avaladas por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). La razón, según el presidente de Icetex, Fernando Rodríguez, es que en Colombia hay sólo 33 universidades que cuentan con certificación. Para él, el mayor esfuerzo está en buscar que los préstamos se destinen a estudiantes que ingresan, al menos, a programas con registro de alta calidad.
Sin embargo, según los últimos datos de la institución, el 58,2% de los beneficiarios están inscritos en programas que cuentan con registro calificado mas no de alta calidad. Ante este panorama, Rodríguez recalca que, si bien las cifras son altas, los avances son notorios. Para 2011, el 22% de los créditos aprobados era para programas con esta certificación, y para 2014 la cifra ascendió a 37%.
A comienzos de septiembre se realizó en el Congreso el debate por la educación. Los senadores de la Alianza Verde Antonio Navarro y Claudia López se refirieron a uno de los temas más controversiales: la calidad de las universidades.
“Es inadmisible que en el país cualquiera puede abrir un programa de educación superior. Lo que el Ministerio (de Educación) llama registro calificado es una vergüenza; es un mínimo que no asegura ninguna calidad. Lo único que asegura es que haya privados que pueden captar recursos, enriquecerse y devolverles a los estudiantes un título que no les servirá de nada”, señaló López.
Ante este panorama, el Icetex recalca que se trata de un debate complejo. “Tenemos que seguir trabajando para que los estudiantes accedan a programas e instituciones acreditadas. Pero es un proceso largo y complejo. Por ahora no podemos dejar a miles de jóvenes sin estudios porque los cupos no dan abasto en las pocas universidades acreditadas y, además, los programas con dicha certificación no son más de mil”, dice Rodríguez.
Pero mientras tanto, de acuerdo con Navarro Wolff, “seguimos ayudándolos a que se endeuden y eso no tiene ninguna justificación. Después no van a tener con qué pagar los créditos”.
Frente a esta discusión, Gina Parody, ministra de Educación, ha dicho que su cartera no cuenta con las facultades legales ni las medidas cautelares necesarias para tener un proceso de inspección y vigilancia serio. “Es un proceso que no está acorde con los objetivos y metas que tenemos en calidad de educación superior, que no puede ser un negocio, no sólo porque así lo digan los congresistas, sino porque así lo establece la ley”, afirmó en el Congreso el pasado 9 de septiembre.
El problema está claro. El país tiene niveles de calidad educativa deficientes, pero, además, los recursos públicos están ayudando a financiar las instituciones que cuentan con un registro calificado, aunque no tengan programas de alta calidad. “Debemos otorgar un plazo prudente para que las universidades se sometan ante el Consejo Nacional de Acreditación. Si no obtienen la certificación, el Ministerio deberá sancionarlas y clausurarlas. Y si no cuentan con las facultades necesarias para hacerlas, pues nosotros como Congreso debemos trabajar para dárselas”, dijo Navarro.
Hoy, Colombia sabe que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo por ampliar la cobertura en educación y que los resultados son satisfactorios. El país tiene actualmente una cobertura del 45%, una cifra que es la más alta de su historia. Asimismo, el Icetex señala que ha ampliado la cantidad de créditos otorgados y que son más de 370.000 los estudiantes beneficiados. Sin embargo, tal y como lo asegura la senadora Claudia López, cuando se mira con lupa cómo se ha hecho el proceso, el resultado es preocupante. “Cada vez se desprofesionaliza más la educación superior, se sacrifica la calidad, y más de 700.000 estudiantes y sus familias son estafados en el país por estudiar en universidades perratas y de la peor calidad posible”, aclaró.
Creditos: Tomado de El Espectador
